La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén juzga este lunes al exalcalde socialista Francisco Javier Gómez Sevilla, acusado de delitos de falsedad de documental y prevaricación, por los que el Fiscal le pide cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación. Según la acusación pública, Sevilla hizo pagos a una empresa por trabajos que sabía que no estaban ejecutados. Junto a él se sentará en el banquillo Juan Carlos G.P., arquitecto municipal, al que se acusa de falsedad en documentos. Le piden tres años de cárcel e inhabilitación.

Según recoge la Fiscalía en su escrito, en el 2008 el Ayuntamiento de Huesa aprobó la realización de la obra denominada Ensanche de la Fuente del Popi (cuyo proyecto fue realizado Por el arquitecto municipal Juan Carlos G.P.) para la cual solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones finalistas. Una subvención era de Diputación y ascendía a 13.206 euros para la adquisición de materiales, mientras que la otra subvención era por importe de 34.414 euros y la concedió el Servicio Público de Empleo Estatal.

Sostiene el fiscal que el entonces alcalde de Huesa, Francisco Javier Gómez Sevilla, en connivencia con el arquitecto municipal "pese a que conocían que las obras para las que las subvenciones fueron concedidas, no se habían ejecutado excepto una mínima parte referente a un destierro y la demolición de un muro, emitió el primero de ellos órdenes de pago para la adquisición de materiales y pago de nóminas supuestamente por trabajos y adquisiciones derivadas de dichas obras, con cargo a dichas subvenciones".

Por su parte, el arquitecto municipal emitió certificado final de obra "con la única finalidad de que por el Ayuntamiento se pudiera justificar ante los organismos que habían concedido las subvenciones, la terminación de las obras y por tanto evitar que se les reclamara la devolución de las mismas por no haber sido ejecutadas".

Dado que las obras no se habían ejecutado, por el Ayuntamiento de Huesa, se elaboró y aprobó un segundo proyecto que consistía en una copia casi idéntica del anterior incluyendo dentro del mismo, la demolición y destierro ya realizados cuyos importes se incluyeron dentro del presupuesto a pesar de estar ya ejecutados, recayendo las actuaciones sobre el mismo lugar, solicitándose y siéndole concedida y transferida para la ejecución de dichas obras, una nueva subvención por importe de 42.700 euros.

Nuevamente el alcalde y el arquitecto, siempre según el relato de los hechos que hace el fiscal, emitieron las correspondientes órdenes de pago y certificaciones de inicio, parciales y final de obra, que, esta vez, sí fueron ejecutadas.

Además de las penas de prisión, el fiscal solicita para el exalcalde el pago de una multa de 7.200 euros y de 3.600 euros para el arquitecto municipal. La acusación particular ejercida por un miembro del PP eleva la petición de pena para el exalcalde a 12 años de prisión.