Dos diputados del PP de Melilla renuncian a formar parte del Gobierno de Melilla para cumplir el pacto con PPL

Miguel Marín y María Antonia Garbín, los dos diputados autonómicos del PP de Melilla que están procesados por una presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, han renunciado a formar parte del próximo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta que se resuelvan sus situaciones procesales, para así cumplir con una de las exigencias del pacto entre PP y PPL.

Miguel Marín y María Antonia Garbín, los dos diputados autonómicos del PP de Melilla que están procesados por una presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, han renunciado a formar parte del próximo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta que se resuelvan sus situaciones procesales, para así cumplir con una de las exigencias del pacto entre PP y PPL.

Los dos parlamentarios, que han sido nombrados portavoces del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea tras tomar posesión de sus actas de diputados este viernes, han declarado que han adoptado la decisión de no formar parte del Ejecutivo "para lograr la estabilidad" en el Gobierno melillense a través de la mayoría absoluta que suman los doce escaños del PP y uno del PPL.

"Melilla, lo que más necesita, como cualquier ciudad, es una estabilidad política porque da estabilidad social y económica y un mayor bienestar al conjunto de los melillenses", ha declarado Miguel Marín, que sigue como vicepresidente de la Ciudad y consejero de Fomento, Juventud y Deporte en funciones, hasta la constitución de un nuevo Gobierno.

María Antonia Garbín, que es consejera de Bienestar Social y Sanidad en funciones, también ha coincidido en esta valoración tras su renuncia y ha manifestado que "lo más importante es que la ciudad de Melilla ha salido ganando con una estabilidad de Gobierno".

Los dos políticos han destacado que están recurridos sus autos de procesamiento por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativo, en el caso de Marín por la contratación municipal de un arquitecto, y en el de Garbín por la contratación de un abogado externo, y han expresado su convencimiento de que saldrán absueltos.

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