El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lugo, Jaime Castiñeira, se ha mostrado confiado en que "el convenio" suscrito entre el consistorio y el promotor de la urbanización de la parcela de O Garañón "se considere ilegal", tras las imputaciones del exalcalde Xosé López Orozco y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, concejal de Urbanismo en aquel momento.

Son dos torres "y media" las que se levantan a los pies de las cuestas del parque Rosalía de Castro, luego de que se paralizasen los trabajos que preveían seis edificaciones.

"En agosto de 2005, cuando se firmó el convenio en la junta de gobierno y tuvimos acceso al convenio que se suscribía entre el Ayuntamiento y el promotor, ya decíamos que aquello era una auténtica aberración, que perjudicaba los intereses de los lucenses, que no se defendían para nada los intereses de los lucenses y que se garantizaba una edificabilidad que le era prácticamente imposible materializar a través de los plazos de que establecían", denunció el dirigente popular.

"Y tuvo que hacerse -agregó- a base de renunciar el propio Ayuntamiento a los derechos sobre una parte de una parcela unida ahí, garantizando al promotor los intereses de demora en caso de que no se pudiera tramitar en plazo".

Al respecto, recordó que "uno de los documentos que ahí se garantizaba se aprobó y tuvo que reunirse la junta de gobierno en sesión extraordinaria el sábado 31 de diciembre de 2005, último día del año y con el consistorio cerrado". "Tuvo que convocarse extraordinariamente la junta de gobierno porque al día siguiente (1 de enero de 2006) se incumplía el convenio y se incumplía porque perdía el promotor más de una cuarta parte de la edificabilidad", constató.

Castiñeira calificó de "adefesio" esas torres, paralizadas y abandonadas, y aunque matiza que lo "siente" por Besteiro, espera que "ese convenio se considere ilegal y se pueda anular por el bien de los lucenses y de Lugo". "Sería la única manera de que nos podríamos librar de una indemnización millonaria", apunta.

"El promotor pedía 26 millones de euros, ahora se siguen acumulando los intereses de demora. Espero que la Justicia ponga a cada uno en su sitio, anule el convenio y que Lugo no pague los excesos de Besteiro y Orozco", afirmó Castiñeira. Finalmente, recalcó que el 1 de enero de 2006 "entraba en vigor una disposición de la Ley del Suelo que reducía la edificabilidad a más de una cuarta parte".

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