Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, presentes en la Mesa General de Negociación Común de la Administración de la Junta de Andalucía, han exigido que los empleados públicos de la Junta puedan recuperar los derechos perdidos durante los años de crisis y han exigido que la Junta abone "de inmediato" el 25 por ciento de la paga extra de 2012, como prometió la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Los tres sindicatos se han reunido con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

CSIF le pide a la Junta que "dé un paso al frente" demanda "una calendarización en la recuperación de derechos", tras lo que ha recordado que "se han perdido 18.000 empleos públicos, de los que 8.000 se hallan en sanidad, 4.000 en enseñanza, 600 en justicia y 1.800 en Administración General de la Junta".

Este sindicato pide el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y que se aborde el pago "inmediato" del 25 por ciento de la paga extra de 2013, toda vez que "somos los andaluces los únicos que no hemos percibido esa cantidad en todo el territorio nacional".

Asimismo, considera que "el concurso de méritos no puede dilatarse por más tiempo y hay que cumplir con la ley, pues llevamos cuatro años incumpliendo la ley".

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, de esta forma ha exigido "la devolución urgente mediante un calendario concreto y cerrado de todo lo recortado a los empleados públicos desde la puesta en marcha del plan de ajuste en 2012". De esta forma, Heredia instó a la consejera a abonar el 25 por ciento de la extra de 2012 que "todas las comunidades ya han abonado a sus empleados públicos y que la Junta sigue sin pagar", a pesar de las promesas en campaña electoral de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

En este sentido, el presidente de CSIF-A lamentó que la postura de la presidenta siga siendo "inmovilista en cuanto al diálogo y a la negociación y de ataque continuo a los empleados públicos, que han sido los que han sostenido los servicios públicos con su profesionalidad y esfuerzo, a pesar de los recortes".

De igual modo, Heredia solicitó explicaciones sobre la bajada de la contratación en la función pública andaluza durante los últimos meses y preguntó si dicho descenso se debió a la parálisis que sufrió la Administración. "La función pública andaluza sufre un grave déficit de personal que no se soluciona mediante contrataciones en Sanidad al 33 por ciento o con sustituciones e interinidades. Hay que afrontar este problema con urgencia y llegar a acuerdos sostenibles y reales", señaló Heredia, quien reclamó también "un calendario concreto de devoluciones de todos los derechos recortados a los empleados públicos que sea negociado y aprobado en el seno de la Mesa General".

Respecto al concurso de traslados, Heredia reclamó que se cumpla "con el Decreto 2/2002 y se saque cuanto antes, aunque no compartimos que sea mediante un Decreto Ley".

El presidente de CSIF-A agradeció la voluntad de diálogo de la consejera, pero criticó que Susana Díaz "siga sin recibir a la primera fuerza sindical de la función pública andaluza". "No entendemos cómo, tras los resultados sindicales que se han dado, la presidenta sigue repitiendo la misma foto con los dos sindicatos de clase y no se sienta a rediseñar la Concertación y a llegar a un gran Pacto por el Empleo que solucione los problemas que sufre Andalucía en general y la Función Pública en particular", concluyó Heredia.

Postura de ugt y ccoo

Por su parte, el secretario general de

Fsp ugt-A, Antonio Tirado, ha valorado la "buena voluntad e intención" de la consejera, que ahora "deberá desarrollar y aplicar en toda su extensión".

Ha indicado a Europa Press que la Junta ha planteado un calendario de intenciones de la legislatura y ha valorado que Montero "quiere cambiar el método y funcionamiento de trabajo y reunirse periódicamente más allá de la mesa, y eso es bienvenido".

UGT ha pedido que "se acometa la recuperación de lo que hemos perdido en cuanto a poder adquisitivo, aunque sabemos que esa recuperación es complicado y será difícil volver a la situación del año 2007 o 2008".

Este sindicato ha pedido "poner en marcha la Ley de Función Pública andaluza, que hace mucha falta para la carrera profesional de los funcionarios" y pide que se recupere el cien por cien de la jornada laboral, así como que se recupere el 25 por ciento de la paga extra de 2012.

"La Junta quiere recuperar la confianza de los funcionarios y los interinos", ha añadido

Por su parte, CCOO exige que los empleados públicos "recuperen los derechos que la Junta les sustrajo por decreto y la inmediata convocatoria de la Mesa General de Negociación".

En la reunión que el coordinador del Área Pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz Serna, ha mantenido con la consejera de Hacienda y Administración Pública, ha puesto de manifiesto la necesidad de políticas de personal "encaminadas a la recuperación de derechos y un compromiso claro de ejercer políticas de mejora de los servicios públicos, que pasan por la recuperación de la calidad del empleo".

Agustín de la Cruz Serna ha planteado "la devolución de derechos y apuesta seria y viable por la mejora del servicio público" y ha exigido "la inmediata convocatoria de la Mesa General de negociación".

Como cuestiones concretas, el coordinador del Área Pública ha planteado la importancia de que el personal eventual, que tiene reducida la jornada, vuelva al cien por cien de la misma, así como la convocatoria inmediata del concurso de traslados del personal funcionario de la Junta, el reconocimiento de la antigüedad del personal eventual y una oferta de empleo público para la Administración General, "que es la única que no la tiene, con el objetivo de una mejora del empleo y un mejor servicio público a los ciudadanos".

También ha exigido la devolución de la paga de 2012 que la Administración Estatal detrajo como norma básica a todo el empleo público y que ha devuelto a su personal en un 25 por ciento "y que sin embargo la Junta de Andalucía aún no la ha abonado ni tan siquiera ha hecho anuncio de ello".

De la Cruz ha explicado que la mejora de los servicios públicos para atender mejor a las necesidades de la ciudadanía, la calidad del empleo público y las condiciones laborales de su personal "son dos caras de una misma moneda", y CCOO "está dispuesta a ser dialogante y participativa a la vez que firme para conseguir ambos objetivos".

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