La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha lamentado que la rebaja del IRPF anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tenga un carácter "progresivo" y "no impacte más en familias de renta media o baja".

Montero, quien calificó el anuncio del Gobierno de "improvisado, electoralista y hecho a la desesperada desde la perspectiva electoral de Rajoy", considera que "en ningún caso compensa el daño tremendo que el Gobierno ha hecho a los españoles y andaluces".

Así, tras apuntar que "la reforma fiscal que se había planteado perjudica a las rentas medias y bajas y beneficia a las grandes rentas", ha indicado que, por ejemplo, "en Andalucía una familia con dos hijos y que cobra 20.000 euros, se ahorra siete euros al mes, mientras que una familia con dos hijos y con ingresos de 100.000 euros se ahorra 130 euros al mes, 18 veces mas".

Por ello, lamenta que "no se haya aplicado progresividad que permita que las familias que peor lo pasan sean las que se beneficien del mayor ahorro". Montero defiende que las reformas fiscales "no estén presididas de anuncios electorales, pues si no, no habrá robustez en el sistema fiscal que beneficie a las rentas bajas y medias, las más discriminadas por la crisis".

Montero espera que el Gobierno "tenga pensado cómo compensar a las comunidades por la menor recaudación, pues no se pueden deteriorar los servicios públicos, y espero que nos presenten una propuesta donde las comunidades recibamos los ingresos que nos corresponden, con independencia de las medidas fiscales que se adopten por el Gobierno".

"Las comunidades no pueden seguir bajando el gasto público, debemos tener para el futuro perspectiva de recuperación de derechos", ha añadido la consejera, que espera que se incrementen las entregas a cuenta, para que podamos seguir recuperando los derechos de los empleados públicos y mejore la eficiencia y tecnología en sanidad, educación o políticas sociales".

Montero espera que la bajada de impuestos se pueda llevar a cabo a lo largo de esta legislatura, así lo contempla el programa electoral y el acuerdo con Ciudadanos, y se irán "acompasando" las medidas, de forma que "acompasaremos esas medidas a tenor de las entregas a cuenta del Gobierno de España", toda vez que "el 90 por ciento de nuestros ingresos proceden de éstas y cualquier mecanismo presupuestario debe estar presidido por esas cantidades, donde esperamos que se pueda incidir en la mejor situación de familias y empleados públicos".

Convocatoria del cpff

Sobre la convocatoria el 8 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la consejera ha indicado que el orden del día no abunda sobre el concepto de esas entregas a cuenta y ha explicado que en dicho consejo "vamos a seguir trasladando al Ministerio de Hacienda que las comunidades no pueden seguir la senda de la consolidación fiscal que repercute directamente en la prestación de servicios públicos con esos objetivos de déficit, donde el año próximo la Comunidad deberá cumplir el objetivo del 0,3 por ciento".

Lamenta el "reparto asimétrico, desigual e injusto entre el esfuerzo que realiza el Gobierno y el de las comunidades autónomas, siendo nosotras las que damos servicios fundamentales".

A su juicio, "mientras que esto no entre en la cabeza del ministro y de Rajoy estamos obligados a ponernos de acuerdo sobre cuáles son las políticas y procedimientos para estar en la senda de la consolidación y hacerlo con un ritmo razonable".

Ha advertido de que "sanidad, educación y políticas sociales tienen una línea roja que no se puede atravesar", de manera que "la prioridad son las familias con recursos o renta media, las que más han sufrido la crisis y la rebaja fiscal debería haber impactado sobre esas rentas".

"Ninguna medida que se adopte puede seguir repercutiendo en la financiación de las comunidades", ha añadido.

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