La jueza ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa Aúpa contra la exdiputada madrileña de IU y líder de Convocatoria por Madrid Tania Sánchez, su padre, su hermano y otras tres personas por los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación tras una querella presentada por el Partido Popular.

El auto dice que no existen "suficientes indicios de la perpetración de los delitos investigados", que según los querellantes se habrían cometido durante la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa Aúpa en la localidad de Rivas Vaciamadrid, y rechaza una ampliación de la querella.

Quedan también fuera del procedimiento judicial debido al sobreseimiento el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y María Abril Barceló Candela y Yolanda Pérez Díaz, funcionarias del Consistorio.

La magistrada de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Arganda del Rey abrió las correspondientes diligencias previas y citó a declarar, como querellados, a los interesados los pasados 24 y 25 de junio.

A Tanía Sánchez se le acusaba de adjudicar en la época en la que era concejal de Cultura de Rivas un contrato a su hermano por valor de 137.000 euros por un servicio de talleres educativos de formación. El importe de los contratos adjudicados a su hermano, administrador de Aúpa, ascendía a 1,2 millones de euros, según consta en la querella de los populares.

En su declaración, la exdiputada regional manifestó ante la juez que "no sabía" que el expediente que aprobó el Pleno por unanimidad en 2008 y del que no se inhibió incluía una cooperativa en la que participaba su hermano. Además, subrayó ante los medios que los hechos de la querella estaban sustentados en "falsedades" del PP, manifestando entonces que estaba acreditado que todo era falso.

En el auto, la magistrada señala que los distintos contratos y ayudas examinados se ajustaron a las normas administrativas, sin que se haya aportado prueba alguna de que el hermano de Tania Sánchez accediese a su adjudicación en condiciones distintas o más ventajosas que el resto de entidades interesadas.

Con respecto al supuesto delito de malversación que denunciaba el PP, se indica que de los documentos "no se desprende que el gasto realizado por el Ayuntamiento tuviese destino distinto al pago de la actividad objeto de los expedientes" ni tampoco ve indicio alguno de que Sánchez se hubiera visto beneficiada de los pagos realizados en los distintos expedientes.

Contra el auto de sobreseimiento provisional cabe la interposición de un recurso de reforma (sobre el propio órgano judicial que la ha dictado) o bien de apelación (ante la Audiencia Provincial de Madrid).