La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tiene previsto reunirse este viernes con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, para abordar, entre otras cuestiones, el decreto ley por el que se reconocerá la antigüedad a los interinos, y para concretar la oferta de empleo público, que prevé publicar este verano y que contemplaría 500 plazas de Administración General.

Estos tres sindicatos son las organizaciones representadas en la Mesa General de Negociación Común del Personal de la Administración de la Junta de Andalucía y se reunirán con la consejera en la sede de la Consejería, en Torretriana.

Ya la semana pasada la consejera anunció que se reuniría con los sindicatos de Función Pública para abordar esas cuestiones. La semana pasada, en declaraciones a Europa Press, la consejera ha indicado, sobre el decreto ley donde se reconoce la antigüedad a los funcionarios interinos en los concursos de méritos, que se estaba a la espera de constituirse el nuevo Gobierno de la Junta para desarrollar el decreto ley por el que se reconozca la antigüedad a los interinos que han trabajado en la Administración pública.

Montero ha explicado que el decreto ley es el rango que ha aconsejado el Consejo Consultivo y esa elevación de rango "permitirá superar los obstáculos planteados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que fue el que generó duda, pues el TSJA entendía que no debía computar el tiempo trabajado de interino, pero la UE entendían que sí".

Ha precisado que dicho decreto ley esta preparado, va en línea de cumplir la directiva europea, donde sí se reconoce el tiempo trabajado de interino, y la consejera espera que pueda pasar "en breve" al Consejo de Gobierno para su primera aprobación, que después será ratificada en el Parlamento, de forma que "antes de que acabe el año debe estar en marcha".

La consejera ha dejado claro que "no se trata de aprovechar esta circunstancia para intentar enfrentar a colectivos del sector público, aunque todo el mundo tiene legitimidad para poder plantear lo que le sea de mayor utilidad cara a un concurso o una oposición, sino que se trata de reconocimiento de una situación y de cumplimiento de lo dictado desde la UE, para desbloquear la situación".

La consejera pretende "trasladar a las organizaciones sindicales esta cuestión y escuchar lo que los sindicatos quieren comentar en la legislatura".

En dicha reunión se comunicará que durante el verano, previsiblemente en julio, prevé publicar la oferta pública de empleo de la Administración General de la Junta, que serían unas 500 plazas, que unidas a las otras ofertas ya emitidas —como las de sanidad o educación— suman un total de 3.000 plazas.

Montero agregaba la semana pasada que la idea es que en este mismo año se celebren las pruebas y ha precisado que "el concurso de traslados deberá celebrarse en ese entorno de fechas", toda vez que "nuestra intención es que pueda hacerse a la mayor brevedad y no tendría que sufrir ningún tipo de retraso".

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