Un total de nueve imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han opuesto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para dividir la causa en piezas separadas y han alertado de las "devastadoras, desproporcionadas e injustas" consecuencias que ello tendría, ya que algunos imputados podrían ser condenados en varios procesos por el mismo delito, llegando "casi a triplicar la pena efectiva en cumplimiento".

En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de nueve de los imputados en este caso tachan además de "incierto" que la división "traiga mayor agilidad ni celeridad al proceso", sino que, "más al contrario, colapsará aún más el ya de por sí colapsado juzgado instructor y multiplicará por 200 las mismas diligencias procesales con total probabilidad".

Los letrados de estos imputados, entre los que se encuentra un exdirector de la agencia IDEA, recuerdan que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ya resolvió una petición "exacta" de la Fiscalía el 30 de julio de 2014 y avaló la decisión de la juez Mercedes Alaya de no dividir el caso en piezas separadas, señalando que "nada ha sucedido desde entonces que justifique la variabilidad de una resolución judicial firme".

En este sentido, recuerdan que el auto del Tribunal Supremo "estableciendo las razones por las cuales consideraron que la continencia de la causa podría dividirse únicamente la investigación criminal de las conductas de los aforados" no afectaría a la presente causa, pues además el Supremo "no es superior jerárquico" del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y ambos "tienen el mismo rango judicial a efectos de instrucción", sin que el Supremo tenga capacidad "de variar, reformar, anular o casar resoluciones" dictadas en Sevilla.

Los abogados de estos imputados insisten en la "imposibilidad" de dividir la causa "cuando desde la misma instrucción se imputan presuntos hechos delictivos constitutivos de presuntos delitos continuados", y argumentan que "la actividad delictiva que se cometa presuntamente en grado de continuada no puede ser analizada ni enjuiciada en dos o varios procesos", pues, en primer lugar, "un solo delito solo puede dar lugar a una sentencia condenatoria so pena de vulnerarse el artículo 25 de la Constitución".

Riesgo de sentencias "contradictorias"

"Si objetiva y ciertamente en la instrucción se investigan distintos hechos de apariencia delictiva pero cometidos en grado de continuado, por imperativo del artículo 74 del Código Penal, el hecho delictivo es uno, el presunto delito es uno, la condena es por un solo delito y la penalidad es la señalada para la infracción más grave de las diversas conductas integrantes del delito continuado", aseveran los letrados, que añaden que "no existe regla en el Código Penal que pueda corregir el devastador efecto que supondría condenar dos o más veces en dos o más procesos a una misma persona".

Los abogados agregan que, aunque comprenden las "dificultades" que entrañan las 'macrocausas', "la evitación de la simple probabilidad de que una persona sea condenada a más tiempo de privación de libertad que la que el Código Penal prevé para los hechos presuntamente cometidos, ha de tener mayor valor y peso que la consecución de la mayor agilidad procesal" alegada por la Fiscalía.

Y es que "no puede pretenderse ni alcanzarse una mayor agilidad procesal en los macroprocesos sacrificando aún a modo de simple probabilidad la libertad personal de los justiciables", dicen los abogados, que consideran que en este caso "se dan todas y cada una de las circunstancias que impiden la división de la instrucción para enjuiciamiento".

En este sentido, aluden al riesgo de que se produzcan sentencias "contradictorias", ya que, en el caso de los altos cargos encausados, "si fuesen imputados en diferentes piezas, cabría la cierta posibilidad de nuevo de sentencias contradictorias ante un mismo supuesto, pues su presunta conducta criminal, de analizarse en sentencias dictadas por distintos tribunales, pudieren llegar a resultar contradictorias según se les aprecie completamente alejados del delito —cual es nuestra opinión en todo caso— o según resulten condenados como autores directos o como partícipes".

Los letrados explican que, en este caso, existen varios imputados a los que se les investiga por presuntos delitos continuados, entre otros, de malversación, y agregan que "si en lugar de resultar condenados por un delito continuado de malversación en un solo proceso y en una sola sentencia, fueren enjuiciados en más de un proceso por hechos que verdaderamente son delitos continuados, se verían sometidos a posibles condenas de 20 años si son dos las piezas a separar, a 30 años si son tres, y 100 años si son diez".

"contexto de inseguridad" y posibles nulidades

Además, "lo realmente llamativo" de la petición realizada por la Fiscalía a la juez María Núñez Bolaños "es que no concretan su tesis" y "no definen qué personas y por qué delitos han de integrar cada una de las piezas", por lo que "en este contexto de inseguridad no podemos más que oponernos" a dividir la causa en piezas.

Para concluir, los abogados afirman que, en caso de dividirse, la juez tendría que tomar nueva declaración a los mismos imputados que ya han comparecido, "pero en las nuevas piezas", de manera que si "un imputado de los denominados 'transversales' repitiere en las 200 piezas, a un solo imputado sería necesario tomarle declaración 200 veces en lugar de una".

En definitiva, "un complejísimo sistema-red interdependiente e interconectado de 200 procedimientos penales con el mismo objeto tramitado por las mismas personas que hoy día tramitan uno solo, que sin duda, sería el verdadero terreno abonado para que las nulidades pudieren florecer, multiplicidad de recursos y actos procesales, en definitiva y sin duda, una menor agilidad procesal que la actual", concluyen.

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