Elaborar y aprobar una reforma fiscal a lo largo de este año para que entre en vigor en 2016, garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, derogar la ley de Símbolos y asegurar que todo el alumnado que lo desee pueda estudiar en euskera, son algunos de los compromisos alcanzados por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para el nuevo Gobierno de Navarra.

En su acuerdo programático, de 74 páginas, también han pactado que el nuevo Ejecutivo, que estará presidido por Uxue Barkos, "adoptará el compromiso de rechazo y condena sin paliativos de cualquier vulneración de derechos humanos o actos de violencia que se produjeran, sea ésta de ETA, de grupos de ultraderecha o de funcionarios del Estado".

Igualmente, el Ejecutivo "apoyará todo proceso encaminado a garantizar la no repetición de las vulneraciones de derechos humanos, exigirá el desarme verificable y el desmantelamiento ordenado, seguro, definitivo y sin condicionamiento político alguno de las estructuras de ETA como organización y la supresión de todas las medidas y espacios de impunidad".

En cuanto a la reforma fiscal, los cuatro partidos han acordado aprobarla este año con el objetivo de "mejorar la recaudación incidiendo en la progresividad del sistema". En IRPF, se "mejorará la progresividad de la escala general incrementado los tipos marginales en los últimos tramos como mínimo hasta el 50% en el último tramo".

En lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, se perseguirá "limitar y revisar los incentivos fiscales, valorando en todo caso su relación con la creación y consolidación de empleo de calidad".

En relación al autogobierno, el nuevo Ejecutivo foral trabajará para "asumir las competencias de I+D+i, tráfico e instituciones penitenciarias" y también para tener "voz propia en Europa y en las relaciones internacionales".

También se comprometen a "mantener buenas relaciones de vecindad y cooperación con las comunidades limítrofes", así como a "normalizar e impulsar las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca".

Además, se abrirá "un proceso participativo y parlamentario al objeto de reformar el amejoramiento para definir el status político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de derechos sociales, dándoles el mayor rango legal posible, haciéndolos efectivos en su cumplimiento, y sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano".

También se constituirá una nueva comisión de investigación sobre Caja de Ahorros de Navarra y se limitará a dos el número de mandatos tanto de la Presidencia del Gobierno como de las respectivas consejerías.

Sobre el tav

En cuanto al sistema ferroviario, los cuatro partidos declaran su apuesta a "largo plazo" por "una solución ferroviaria compatible con los estándares internacionales y capacidad suficiente que responda adecuadamente a las necesidades de transporte de mercancías y de personas viajeras, tanto de cercanías como de media y larga distancia".

En este ámbito, se trabajará para que Navarra "no quede fuera del Corredor Atlántico Mediterráneo" y el Gobierno, en lo que se refiere al tramo Campanas-Castejón, "estudiará con rigor exhaustivo la situación existente y no adoptará ninguna decisión administrativa de avance hasta no tener claro el compromiso suficiente del Estado".

Políticas sociales

En el apartado dedicado a las políticas sociales, los cuatro partidos se comprometen a no privatizar ningún servicio que esté siendo prestado por la Administración y a "recuperar para la gestión pública aquellos en los que esto sea factible".

También acuerdan eliminar el sello socialmente comprometido y garantizar un ingreso mínimo a todas las personas mediante la implementación, en los seis primeros meses de la legislatura, de una Renta Básica "universal, con un año de requisito de antigüedad de residencia, inermbargable y sin límite de periodo de concesión", entre otros requisitos.

Educación y política lingüística

En el ámbito educativo, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han acordado "potenciar el sistema educativo público", así como "revisar las condiciones de concertación y garantizar desde la administración que la red privada-concertada cumpla con todas las obligaciones establecidas en los conciertos".

También diseñarán "un procedimiento especial" para las ikastolas de la zona no vascófona y muestran una "posición política clara" para "aplicar la ley foral que impide concertar centros educativos que segregan por sexo garantizando la seguridad jurídica".

En relación a la UPNA, el acuerdo establece acordar una financiación plurianual "suficiente" y realizar "un estudio de la oferta formativa y de las dificultades de acceso a los estudios superiores del alumnado y rebaja de las tasas universitarias".

En el apartado de política lingüística, han pactado "recuperar y mejorar la financiación a los medios de comunicación en euskera y abrir una línea de ayudas a los planes de euskera que puedan desarrollar las empresas u otras entidades".

También han adoptado el compromiso de "procurar dar la mayor atención posible a la ciudadanía en euskera en el ámbito de la administración" y "normalizar y mejorar la colaboración con otras instituciones y entidades públicas y organismos de iniciativa social en el ámbito del estudio y fomento del euskera".

SANIDAD

En materia sanitaria, el nuevo Gobierno de Navarra "garantizará la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el SNS". Como medida inmediata, "se comenzará a prestar el servicio de IVE farmacológica, y se irán implementando todas las modalidades progresivamente a lo largo de la legislatura".

Asimismo, se revisarán "todos los conciertos y convenios con entidades privadas, desde el principio de subsidiariedad y optimización de recursos públicos, al objeto de fortalecer el sistema público y redimensionar, limitar y racionalizar las derivaciones y conciertos".

Los temas "pendientes de consenso"

Por otro lado, en el acuerdo también se plasman los "temas a desarrollar pendientes de consenso" que son, en materia de educación, "la convivencia de diferentes modelos lingüísticos, la concertación de nuevas unidades en las etapas obligatorias y la concertación en las etapas no obligatorias".

Respecto a políticas sociales, ha quedado pendiente "la revisión del concepto de dotación pública con el fin de poder asegurar en todas las población y barrios la existencia de viviendas públicas en alquiler y el derecho subjetivo a una vivienda en alquiler".

En cuanto al autogobierno, no se ha llegado a un acuerdo definitivo en lo relativo a "las competencias políticas pasivas de empleo, gestión Seguridad Social e Inspección de Trabajo", mientras que en relación a las relaciones laborales se ha dejado pendiente "el modelo de gestión de los fondos destinados a políticas activas de empleo".

Otro de los temas que ha quedado sin un acuerdo definitivo son "los mecanismos para facilitar la reflexión individual y colectiva de las personas condenadas por su relación con ETA", así como "una nueva ley del euskera" y los "perfiles y sistema de elección de las direcciones generales".

Comisión de seguimiento

Por otra parte, en el acuerdo, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E fijan que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Programático estará integrada por cuatro representantes de cada formación y que se reunirá al menos una vez cada tres meses, o en el plazo de 3 días si así lo solicita cualquiera de los firmantes.

Tendrá como objeto "revisar el grado de cumplimiento del acuerdo y la interpretación del mismo, analizar las cuestiones pendientes de consenso, y valorar, en su caso, las necesarias adaptaciones de lo acordado a los cambios externos o a circunstancias singulares relevantes que puedan producirse".