El Defensor del Pueblo ha lanzado este martes una serie de recomendaciones a las administraciones para la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, que entrará en vigor este miércoles, como reforzar el inmediato control judicial y de la fiscalía sobre los registros corporales externos para impedir extralimitación policial.

En un comunicado, esta institución ha señalado también que las sanciones económicas que pudieran imponerse por alteración del orden o del normal desarrollo de manifestaciones deberían limitarse a casos de "especial gravedad".

Ha recomendado que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes y que sí sea necesaria una autorización judicial para retirar material informativo.

El Defensor del Pueblo también ha formulado consejos para que el rechazo en frontera que establece la ley respete la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional.

Así, esta institución presidida por Soledad Becerril, ha recomendado que siempre que se produzca un rechazo en la frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella.

En dicho procedimiento, "el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos".

El Defensor del Pueblo ha asegurado que no recurrirá esta norma ante el Tribunal Constitucional "ya que ha sido recurrida por varios grupos parlamentarios".

No obstante, ha explicado que, teniendo en cuenta que el recurso no impide que la ley despliegue todos sus efectos hasta que el Alto Tribunal se pronuncie, ha pedido que se elaboren "con carácter de urgencia" instrucciones dirigidas a los funcionarios policiales para una correcta aplicación de la norma.