Inmigrantes en el CETI
Cientos de inmigrantes esperan en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes. EFE

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) funcionan como "verdaderas cárceles", donde se produce una violación masiva de derechos humanos, a pesar de que la legislación vigente determina que estos establecimientos no tienen un carácter penitenciario.

Así se recoge en las conclusiones en el informe "Situación actual de los CIE en España y su adecuación al marco legal vigente", que se ha presentado este lunes, elaborado para la ONG jesuita Pueblos Unidos por las clínicas jurídicas de las Universidades de Icade, Valencia, Barcelona y Valladolid.

El estudio ha analizado la situación de los CIE de Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Barcelona, Murcia, Barranco Seco (Las Palmas) y Fuerteventura.

La coordinadora del proyecto y abogada de Garrigues, Amalia Hernández Sendín, ha señalado que la Ley Orgánica de Extranjería establece que las personas ingresadas en los CIE tienen únicamente restringido su derecho ambulatorio, por lo que se debería respetar el resto de sus derechos fundamentales que, en muchos casos, les son vulnerados.

Las instalaciones ponen en riesgo la salud de los internos

Hernández Sendín ha destacado que, entre los aspectos que no se adecúan a la legislación vigente, algunas instalaciones, especialmente la de Algeciras, cuentan con deficiencias o deterioros que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los internos.

La investigación llama la atención sobre la falta de implementación de servicios sanitarios permanentes, que, en la mayoría de los casos, se limita a prestar una atención sanitaria básica y no especializada.

Los autores del documento resaltan la ausencia de mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas entre los internos y de medidas que no supongan el aislamiento de los internos en condiciones que atentan contra su integridad y salud física.

Entre otras deficiencias de las instalaciones, señalan el mantenimiento de sistemas de cierre con llave y rejas, que ponen en entredicho la ejecución de los planes de evacuación o emergencias de los internos.

Según el estudio, se vulneran: el derecho a la integridad, a la intimidad de las comunicaciones y al acceso a una defensa jurídica de garantías, entre otros.Asimismo, ponen de relieve la vulneración del derecho a la integridad que supone compartir una habitación de dimensiones reducidas con numerosas personas y la inexistencia de módulos diferenciados para alojar de forma separada a los internos que están pendientes de expulsión por faltas administrativas de los penados que están allí destinados.

Igualmente, denuncian la vulneración de la intimidad de las comunicaciones, que deben realizarse a través de mamparas, que impiden el contacto físico con familiares y amigos.

Dejan constancia del internamiento de personas vulnerables, especialmente menores no acompañados, respecto a los que no se siguen los protocolos adecuados para su identificación.

Subrayan que la ausencia de sistemas de vídeovigilancia en parte de las instalaciones impide verificar el correcto funcionamiento de los centros y ponen de manifiesto la falta de garantía de acceso a la defensa jurídica por parte de los internos.

En este contexto, el informe incluye una serie de propuestas de mejora del funcionamiento de los CIES como la prohibición del internamiento en casos de mera estancia irregular por carecer de permiso de residencia o, en general, no disponer de documentación en regla.

Reclaman una reducción del plazo máximo de internamiento

Los autores sugieren una reducción del plazo máximo de internamiento en los CIE por considerar "excesivo e injustificado" el periodo de sesenta días actualmente vigente, teniendo en cuenta que la legislación anterior a la reforma del año 2009 fijaba un máximo de cuarenta días.

Reclaman un control judicial "exhaustivo" de las actuaciones administrativas, así como competencias compartidas entre los Ministerios de Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Empleo y Seguridad Social.

Entre otras propuestas, defienden la conveniencia de que los CIE no queden en manos de los funcionarios de la Policía Nacional, por carecer de la formación precisa, sino que pasen a depender de asistentes sociales o funcionarios especializados.