La Junta de Castilla y León ha dejado sin efecto la sanción global de 134.601euros a la UTE formada por Serunión S.A. y Grupo Lince Asprona S.L.U. como consecuencia de los expedientes incoados a través de las consejerías de Sanidad y de Educación con motivo de los incidentes alimentarios registrados en seis comedores escolares de las provincias de Segovia y León, tras el recurso presentado por la empresa concesionaria, según informa Comisiones Obreras.

El sindicato, en representación de las federaciones de Enseñanza y Servicios, tilda de "alarmante" la decisión e insiste en la necesidad de articular mecanismos para garantizar la calidad del servicio de comidas, lo que en su opinión pasa por volver a cocinar en los propios colegios y recuperar la gestión pública de los comedores públicos de la Región.

Fuentes de CC.OO. han indicado que las federaciones regionales de Enseñanza y Servicios de siempre sospecharon que la sanción a Serunión, así como la retirada del suministro de menús escolares en 19 centros de la provincia de Segovia a esa misma UTE, eran medidas insuficientes, además de fruto de la urgencia electoral, "dada la alarma social creada y el miedo del PP a perder la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas y municipales".

Según advierten, solo un mes después del proceso electoral la Junta ha optado por anular las sanciones sin explicar claramente las razones de esta decisión. "Eso confirmaría nuestras sospechas", apuntan en un comunicado recogido por Europa Press.

El sindicato explica que su prioridad en este asunto ha sido siempre la de garantizar el empleo de las actuales plantillas y asegurar la calidad del servicio, una calidad que a su juicio debe certificar la Junta de Castilla y León como entidad responsable del mismo, con los controles necesarios.

Para CC.OO, ha sido la propia Administración regional la que hizo dejación de sus responsabilidades, primero mediante el traspaso de la gestión de los comedores a empresas "que buscan aumentar beneficios" y, después, no poniendo en marcha un sistema de controles que impidiera los problemas de calidad.

La organización asegura que la pérdida de calidad ni siquiera está relacionada con los recortes de gasto público. Al respeto, apunta que, a pesar de disminuir el número de becas y aumentar el precio que pagan los usuarios (Castilla y León es la cuarta comunidad con los comedores más caros, según un estudio nacional) y pese a que ha bajado el número de usuarios, el presupuesto de la Junta para comedores ha crecido en torno al millón de euros.

CC.OO. de Castilla y León considera que es la Junta la que debería garantizar la calidad en el servicio de los comedores escolares, a través del mantenimiento de la cocina en el propio centro, pues ello facilitaría una alimentación sana y equilibrada que reactivase la economía local al abastecer los comedores con productos procedentes de un entorno cercano.

El sindicato ha avisado de que defenderá igualmente el empleo de las actuales plantillas, cuya profesionalidad se ha visto empañada por errores ajenos y un sistema que adolece de falta de los controles adecuados.