Comisiones Obreras Castilla-La Mancha espera reunirse "pronto" con el futuro presidente del Gobierno, Emiliano García-Page para plantearle tres cosas que el sindicato considera "lo más urgente" y que son la apertura de todos los comedores escolares de la región, planes de empleo para la gente "que no tiene ningún tipo de prestación" y que el Ejecutivo regional dé respuesta a los dependientes.

En declaraciones a los medios, antes de la reunión del Consejo Regional del sindicato, el responsable autonómico de CCOO, José Luis Gil, ha comentado que hay "que hacer un gran esfuerzo para que se quede claro que lo importante son las personas" y que, aunque hay muchas cosas más que hacer en Castilla-La Mancha estas "son prioritarias".

Así, Gil ha defendido la apertura de comedores escolares ante la "situación durísima que viven muchas familias en Castilla-La Mancha" y la "situación de emergencia social, de niños y niñas que no pueden comer en Castilla-La Mancha", y seguro de que esta debe ser "la prioridad absoluta de cualquier Gobierno, también de este" ya que "no lo fue del anterior".

Asimismo, ha asegurado que uno de los asuntos que necesita de "una solución urgente, urgentísima" son las 130.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación en Castilla-La Mancha, "familias, hombres y mujeres que no tienen nada a final de mes", y ante lo que el sindicato reclamará "una actuación en el mes de julio que permita iniciar cuanto antes planes de empleo para que la gente que no tiene ningún tipo de cobertura pueda transitar con cierta dignidad en tanto que encuentra empleo".

Finalmente, ha dicho que otra cuestión que "no admite demora" y que es "prioritaria" para el sindicato es que el Gobierno dé respuesta a los dependientes "y a los dependientes que han sido maltratados y utilizados anteriormente. Esto no admite tampoco demora", ha expresado.

"hacer justicia"

José Luis Gil ha dicho que, aunque cualquier gobierno tiene cien días de cortesía parlamentaria para poder iniciar los temas, el actual "debe saber que no tiene ni un solo día, porque para mucha gente todo llega ya muy tarde" y es "importantísimo que se recuperen derechos" y situaciones "que hay que variar para que podamos recuperar conciencia y también hacer justicia con nuestra gente en Castilla-La Mancha".

Estos objetivos fundamentales los ha sometido Gil al Consejo Regional del sindicato, confiando en que se abran paso y en que puedan tener una relación con el Gobierno que les permita "avanzar dando soluciones a la gente, que es lo fundamental". "Yo confío que esto tenga una pronta solución y abramos una vía de normalización de la vida democrática y espero que con el Gobierno de turno prime más la coincidencia que la discrepancia porque nos irá mejor a todos, especialmente a la gente de Castilla-La Mancha".

Por otro lado, Gil se ha referido al proceso de la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma, donde todavía quedan "40 grandes colectivos" por cerrar que afectan a más de 150.000 personas, y ha confiado en la responsabilidad de la patronal para que se puedan cerrar "antes de que empiece el verano, en el mes de agosto" y que "la economía se recupere y que se haga justicia con los salarios recortados a los trabajadores".

Hospital de toledo

También, a preguntas de los medios, el dirigente sindical ha hablado del futuro hospital de Toledo, convencido de que el próximo Gobierno "tiene que hacer de inmediato gestiones que permitan que el hospital se reinicie ya pero que sea público", y ha reivindicado una sanidad pública y de calidad para todos.

Ese "debe ser el objetivo fundamental del Gobierno y de CCOO, una sanidad pública sin ningún tipo de privatización, indirecta o directa", ha expresado, recordando que el sindicato tiene abierto un proceso judicial porque no compartía el modelo que planteaba el anterior Ejecutivo, y ha confiado en que los tribunales les den la razón.

En cuanto a los contratos ya cerrados con las empresas concesionarias para la construcción del hospital, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha añadido que tendría que haber una solución administrativa que "no sea lesiva", ya que hay cuestiones que pueden derivar, "por una mala gestión del Gobierno anterior", a que al final los paganos sean los contribuyentes de la región.

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