El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha fijado como reto del Gobierno andaluz fortalecer "la todavía insuficiente recuperación económica y volver a crear empleo, y empleo de calidad, preservando, al mismo tiempo, los servicios públicos fundamentales y recuperando los derechos perdidos a lo largo de estos años".

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez Maldonado en la inauguración de la jornada 'Proteger a las personas: Una necesidad en tiempos de crisis', organizada por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), acto en el que ha recordado que la finalidad última del desarrollo económico es "servir al desarrollo social y al bienestar de las personas". "La economía son las personas", ha apostillado.

Sánchez Maldonado asimismo se ha mostrado optimista con la marcha de la economía andaluza y cree que Andalucía podría cerrar el año con un crecimiento del PIB cercano al tres por ciento aunque oficialmente la Junta mantiene sus previsiones más conservadoras.

El consejero espera que el nuevo modelo producto permita además generar empleo de calidad, mantener la prestación de servicios públicos fundamentales, tras lo que ha resaltado las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno de la Junta.

El titular de Empleo ha apuntado que ésa es la "filosofía" que impregna la nueva Agenda por el Empleo 2014-2020, una planificación estratégica orientada a renovar el modelo productivo hasta alcanzar una recuperación que sea real, justa y sostenible.

A este respecto, Sánchez Maldonado ha subrayado que "el éxito de una acción de gobierno no puede medirse solo por las grandes cifras económicas", tal y como lo afirmó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su sesión de investidura. Así, ha explicado que "también hay que tener en cuenta la cifra de trabajadores que encuentran empleo, que obtienen un salario digno; la reducción de fracaso escolar; los talentos aprovechados gracias a las becas; las vidas salvadas en una sanidad pública y universal; las mejoras que nuestros investigadores aporten al tejido productivo; los jóvenes que regresan a su tierra; las familias con una vivienda digna; los dependientes atendidos o las mujeres que alcanzan la igualdad".

Según sus palabras, "las políticas de protección social han sido el gran diferencial entre las dos principales corrientes políticas de reacción ante la crisis en el entorno europeo". Así se ha constatado también en España y en Andalucía, ha añadido el consejero, quien ha diferenciado una política económica a nivel estatal, "que ha priorizado la austeridad y se ha centrado en el recorte de derechos sociales", y la política ejecutada por el Gobierno andaluz, "que ha apostado por simultanear las medidas de estímulo económico con el mantenimiento del Estado del Bienestar y la consolidación presupuestaria".

En este sentido, el consejero de Empleo ha defendido la política económica del Gobierno andaluz, que consideraba que "la austeridad, aplicada como único principio y fin, no resolvía el problema de déficit, ni de deuda". "El tiempo nos ha dado la razón. No se ha resuelto el problema de la deuda. Tampoco el paro. Y ha aumentado la desigualdad", ha remarcado.

"En Andalucía hemos mantenido los niveles de prestación de servicios públicos y hemos cumplido escrupulosamente los requisitos de consolidación fiscal en términos de déficit", ha indicado Sánchez Maldonado.

Además, el titular de Empleo ha agregado que la Junta ha garantizado "la equidad y calidad del sistema educativo en todos sus niveles y también del sistema sanitario". "A la par, estamos desarrollando iniciativas específicas para atender a los sectores más castigados por la crisis y Planes de choque, como son los planes de empleo específicos para jóvenes, mayores de 45 años y parados de larga duración", ha matizado.

Para finalizar, el consejero ha reconocido el papel de los consejos económicos y sociales por "su contribución a profundizar en los retos del diálogo social". A su juicio, y en el caso específico del CES-A, ha asegurado que "garantiza la comunicación permanente entre el Gobierno y la sociedad, a través de sus organizaciones económicas y sociales". "Y que cuenta con el total respaldo del Gobierno andaluz, mientras algunas comunidades autónomas han optado, en esta coyuntura de crisis, por su supresión", ha concluido.

Otras intervenciones

Por su parte, el portavoz del Gobierno provincial en funciones, Manuel Domínguez, ha recordado el apoyo de la Diputación y los municipios a las medidas para generar empleo, como los planes de empleo de la Junta o los propios planes municipales y ha citado algunas de las políticas de cohesión trazadas desde el ente supramunicipal, basadas en "la receptividad y el diálogo con los agentes sociales".

Domínguez ha defendido el papel de las diputaciones como instituciones "necesarias, útiles e imprescindibles a la hora de articular y asistir a la escala de gobierno que más cerca está de la gente, como son los ayuntamientos". Ha realizado un repaso por las políticas sociales de la institución provincial durante los últimos cuatro años, un periodo "muy difícil, en el que nos hemos dejado la piel defendiendo a los ayuntamientos y la política de cercanía que estos practican con sus vecinos".

En esta línea, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación afirmó que, en el nuevo mandato, la institución provincial "va a volver a apostar por la gestión que le da su impronta, y que no es otra que la de las coberturas sociales, las medidas de ayuda financiera a coste cero y las inversiones en obras". En este orden de cosas, Domínguez indicó que la aplicación de la Ley de Dependencia continuará siendo la base del Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación, "en el que nos mantenemos firmes mano con mano con la Junta de Andalucía".

Por su parte, el presidente del CES-A, Angel Gallego, apostó por potenciar el "consenso colaborativo" para implantar políticas que "importen a la gente", basado en "la nueva economía productiva".

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha recordado que "en esta crisis sin precedentes está afectando especialmente a las personas y las familias," y ha citado específicamente el colectivo de mujeres, donde "aumenta la brecha salarial y las desigualdades".

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, destacó la importancia del CES-A y ha abogado por menor presión fiscal y un reparto más equitativo de la riqueza, tras lo que ha rechazado las "milongas" que hablan de la participación de todos los ciudadanos, cuando "existe una sociedad civil organizada, donde una parte importante es el movimiento sindical".

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha pedido al consejero de Empleo mayor autonomía del CES-A, al que, a su juicio, se le debe dotar de mayor independencia y autonomía y de más recursos. González de Lara ha coincidido con los sindicatos en la necesidad de atajar la pobreza y las desigualdades y lamenta los "planteamientos equívocos del concepto austeridad".