Miles de personas se agolpan en una calle devastada, en la que no es posible distinguir un solo edificio que no haya sido completamente destruido por las bombas.

La masa humana ocupa toda la fotografía, y es tan densa que a primera vista parece un montaje: no queda libre ni un metro cuadrado de suelo.

La imagen remite directamente a otro tiempo, a la pesadilla europea de hace 70 años, cuando millones de supervivientes del infierno bélico vagaban sin techo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero está tomada hace solo unos meses. Y es real, tan real como el sufrimiento que refleja: son refugiados sirios en el campo de Yarmuk, a las afueras de Damasco, y están esperando la ración de comida que les permitirá subsistir un día más.

Aislados por el régimen y a merced del fuego cruzado de las diversas facciones combatientes, estos hombres, mujeres y niños reciben la ayuda internacional con cuentagotas. El desamparo de estos refugiados es extremo, pero está muy lejos de ser excepcional. A finales de 2013 el número de desplazados en todo el mundo alcanzaba ya los 51 millones.

Para cuando acabe 2015 habrá, al menos, dos millones más. Es una cifra récord en la historia de la humanidad, una cifra que, unida a la de los conflictos armados que siguen castigando el planeta (una docena plenamente activos), a la de los 44 millones de personas que, según el Banco Mundial, viven en la absoluta pobreza, a la de los 27 millones que padecen aún situaciones de esclavitud, a la de los 800.000 que son víctimas del tráfico de seres humanos (incluyendo los miles que se ahogan en el Mediterráneo intentando alcanzar una Europa blindada), o a la de los también cientos de miles que se ven afectados por las consecuencias del cambio climático (algunos desastres naturales incluidos), no permite dibujar un cuadro muy optimista a la hora de abordar la evolución del mundo en lo que llevamos de siglo.

El año 2000 arrancó con la esperanza, irracional, pero humana, de que el nuevo milenio traería al fin algo más de paz, un poco más de justicia social, más prosperidad, progreso. Y es cierto que el mundo ha experimentado grandes cambios en estos 15 años, pero los más positivos cuesta encontrarlos más allá de las fronteras de los países desarrollados.

Según denunció en 2009 Jean Ziegler, relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, cada día mueren 24.000 personas de hambre y otras 100.000 por causas relacionadas con la desnutrición, lo que supone 35 millones de muertes al año.

Hablamos de un mundo totalmente conectado, de revolución digital, del uso masivo de las redes sociales, de videollamadas gratis, librerías virtuales infinitas, viajes baratos y turismo global, pero, aun siendo todos ellos factores que han marcado estos últimos 15 años, la realidad es que de los 7.000 millones de personas que componen actualmente la población mundial, únicamente unos 2.200 millones (un tercio del total) tienen acceso a la red, y tan solo una pequeña parte puede permitirse no ya comprar un billete de avión, sino salir de su país.

En el primer mundo, entre tanto, y salvando las distancias, tampoco todo son buenas noticias. La democratización de la comunicación y el potencial acceso casi ilimitado a la información que ha supuesto la revolución tecnológica, con los teléfonos inteligentes e internet como puntas de lanza, han permitido unos niveles de conexión entre las personas y de desafío al poder sin precedentes.

Movimientos populares como el 15-M y Occupy, las reacciones ante las revelaciones de WikiLeaks o de Edward Snowden, las protestas contra la globalización, contra la corrupción política, contra la destrucción del Estado del bienestar como única respuesta a la crisis, y contra un sistema financiero y económico cuyos planteamientos hedonistas parecen haber hecho aguas; el cuestionamiento de los principios neoliberales dominantes; la mayor concienciación sobre el cambio climático (poco eficaz aún, pero ya irreversible)... Todo ello revela una sociedad menos indiferente y más comprometida, en un mundo donde, sin embargo, han crecido también los miedos y se han ido menoscabando las libertades en aras de la seguridad; donde brotes de esperanza como los generados por la llamada Primavera Árabe, en la periferia del desarrollo, pero de consecuencias planetarias, han acabado frustrándose; y donde el consumismo alentado por el uso de la propia tecnología se traduce a menudo en un efecto narcotizante y en la preservación de un modelo medioambiental insostenible.

Uno de los principales puntos de inflexión se haya, sin duda, en los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y en cómo reaccionaron el entonces presidente, George W. Bush, y su Gobierno neoconservador.

Los ataques contra el corazón mismo del país más poderoso del planeta suscitaron una respuesta que acabó traduciéndose en la llamada guerra global contra el terrorismo, una batalla necesaria pero planteada de un modo contraproducente, que olvidó las auténticas causas de la violencia y contribuyó al auge del integrismo radical y al empantanamiento de conflictos cuya resolución parecía más cercana hace 15 años.

Las consecuencias, además, no se han limitado a los campos de batalla. Especialmente en Estados Unidos, pero también en muchos otros países, los ciudadanos han visto recortados sus derechos y libertades fundamentales, con ataques a su privacidad, restricciones a la libertades de movimiento y asociación, pérdida de derechos legales en detenciones, y contro- les que muchos consideran abusivos en lugares como los aeropuertos, donde, en algunos casos, no resulta fácil distinguir entre la necesaria seguridad y la psicosis antiterrorista.

Los atentados del 11-S y los ataques que sufrieron también después otras ciudades (Madrid, Londres, Bombay), fueron asimismo un caldo de cultivo, o una excusa, para el crecimiento de actitudes xenófobas e incluso fascistas entre las poblaciones occidentales, con los inmigrantes como principales víctimas.

Mientras, el afianzamiento de Estados Unidos como primera potencia mundial sin contrapeso, y el nuevo orden unilateral que se aventuraba tras el final de la Guerra Fría, se ha visto desafiado en los últimos años por una nueva y creciente tensión, esta vez más económica y geoestratégica que ideológica, entre Rusia y Occidente, y por la desestabilización que genera el auge de los conflictos religiosos, sectarios y nacionalistas, especialmente en Oriente Medio; China, convertida ya en segunda potencia económica, por delante de Japón y Alemania, avanza en su complicada combinación de capitalismo y comunismo dictatorial, y extiende discretamente su influencia por Asia y África; los llamados países emergentes (Brasil, la India, los cuatro tigres asiáticos), relegados hasta ahora del poder decisorio, piden sitio empujados por su potencial económico y la fuerza de sus poblaciones; buena parte de Latinoamérica gira hacia una izquierda a ratos esperanzadora e ilusionante, a ratos populista y con déficit democrático; se abren vías de diálogo en desencuentros de décadas (Cuba, Irán) y permanecen cerrados a cal y canto casos crónicos como Corea del Norte. Entre las razones para la esperanza se encuentran, no obstante, y además de esa mayor toma de conciencia ciudadana, destacados logros conseguidos o consolidados a lo largo de estos 15 años.

En el terreno social, se ha avanzado, aunque muy lentamente y solo en algunos países, hacia una mayor igualdad de la mujer, con más puestos de responsabilidad, políticos y empresariales, en manos femeninas, y con medidas encaminadas, al menos en teoría, a lograr una mayor conciliación entre la vida familiar y la laboral.

También, con lagunas, en la protección jurídica universal de la infancia, en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, y en la falta de tolerancia legal contra actitudes discriminatorias, racistas o de violencia de género. En el terreno de la justicia internacional se han dado asimismo pasos importantes que, como explica la profesora de Derecho Público y Filosofía Jurídica Jessica Almqvist, experta en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, "pueden conducir, con el tiempo, a una mejor protección de los derechos humanos, sobre todo en tiempos de conflicto y posconflicto, mediante instrumentos más eficaces, equilibrados e imparciales para que se haga justicia con las víctimas de los crímenes más graves".

Almqvist destaca, en este sentido, "la creación de nuevas instituciones y órganos internacionales como la Corte Penal Internacional (en marcha desde 2002), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (establecido en 2006), y la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (también en 2006), así como el esfuerzo por parte de la ONU de avanzar en la cooperación internacional con organizaciones regionales, como la Unión Africana y la Unión Europea, con la finalidad de mantener, restaurar o construir la paz y la seguridad". "El problema –reconoce– es que todavía no vemos resultados decisivos. Entiendo que la percepción general es que cada vez estamos peor, pero no deberíamos perder la esperanza en la posibilidad de cambio y de mejora".

De momento, en cualquier caso, millones de familias están más preocupadas por llegar a fin de mes que por la evolución de la política internacional: el mundo desarrollado se ha visto sacudido en esta última década por una crisis económica y financiera de unas dimensiones desco- nocidas desde la década de los años treinta del siglo pasado, cuyas consecuencias pueden acabar redefiniendo los pilares de la economía mundial, y que ha transformado profundamente la vida cotidiana de las sociedades occidentales.

Así, en España, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y los efectos de la crisis mundial hicieron que los bancos endureciesen sus préstamos, lo que perjudicó tanto a las familias (castigadas ya por un paro galopante) como al mercado inmobiliario, hasta entonces el principal motor de un crecimiento tan espectacular como endeudado y especulativo.

Las inmobiliarias no obtenían créditos para seguir construyendo y empezaron a suspender pagos y a contratar menos. La respuesta de la mayoría de los gobiernos europeos ha sido intentar reducir el déficit para sanear las arcas públicas, garantizar la supervivencia del sistema (acorralado por ataques especulativos contra el euro) y evitar más rescates como los de Grecia, Irlanda y Portugal, con sus consecuentes políticas impuestas de austeridad y recortes, tanto económicos como sociales.

Los gobiernos no han dudado en hacer llamadas al sacrificio, entre denuncias de que al final son los ciudadanos quienes están pagando años de malas políticas económicas, un sistema descontrolado, y los millones en dinero público con que se ha rescatado a los bancos.

El resultado es que la incertidumbre por el futuro y una realidad diaria que a menudo recuerda más a la de países en vías de desarrollo que a la del primer mundo (desempleo, sueldos bajos, trabajo precario, nueva emigración económica, comedores sociales, desahucios, familias que pasan hambre) se ha adueñado en muchos casos de un escenario en el que hasta hace tan solo unos años el Estado de bienestar parecía eterno y la burbuja consumista, indestructible.