El Gobierno de Canarias ha anunciado en un comunicado que acatará el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulos algunos preceptos del Reglamento de Consulta Ciudadana aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 25 de septiembre.

El Ejecutivo canario considera que la sentencia "es profusa y detallada y deja claras las bases con el fin de mejorar el reglamento para su completo encaje en el marco constitucional", tarea en la que comenzará a trabajar, tal y como ha avanzado en su comunicado.

La sentencia declara nulos, por vulnerar la Constitución Española, los artículos del 9 al 26 del Reglamento de consulta a la ciudadanía en asuntos de interés general, que desarrollan el sistema de consulta por pregunta directa.

El Gobierno canario recuerda que se trata de una materia jurídica "muy novedosa" con la que se ha intentado dotar a la Comunidad Autónoma de un mecanismo para canalizar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma para que ésta influya en la toma de decisiones políticas.

A su vez, interpreta que los argumentos jurídicos contenidos en la sentencia permiten al Ejecutivo profundizar en la búsqueda de una redacción del articulado acorde con los límites constitucionales descritos por el Tribunal.

Además, ha querido recordar que en estos momentos está abierto el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que el Parlamento ha elevado la propuesta de reforma a las Cortes Generales para su debate.

Según el Ejecutivo, "este proceso legislativo podría permitir hacer cambios en el Estatuto de Autonomía que faciliten el correcto encaje constitucional del sistema de consulta a la ciudadanía en el archipiélago".

Igualmente, considera que el desarrollo de la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana es "un camino sin retorno" que el Gobierno de Canarias ha iniciado en la VIII Legislatura y que deberá continuar desarrollándose en el futuro, ya que "responde a una demanda generalizada de la ciudadanía".

"En el siglo XXI, la sociedad exige un aumento de su influencia en la toma de decisiones políticas que afectan a sus condiciones de vida individual y colectiva, para lo que es necesario diseñar herramientas y fórmulas jurídicas novedosas que atiendan con garantías jurídicas este creciente interés por la participación", concluye el comunicado.