La empresa pública Cantur, dependiente del Gobierno de Cantabria, ha solicitado veinte años de inhabilitación absoluta para los exconsejeros Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) por el 'caso Racing', pena que se suma a de ocho años de prisión que ha solicitado para cada uno de ellos tal y como avanzó este lunes Europa Press.

Esta misma pena tanto de inhabilitación como de cárcel es la misma que Cantur, que es una de las acusaciones en este proceso judicial, ha pedido para el que fuera consejero delegado de la empresa pública CEP Cantabria y director gerente en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Luis Egusquiza.

Considera que la actuación de los tres en relación al papel que jugó el Gobierno regional en el 'caso Racing' es constitutiva de un delito continuado de malversación de caudales públicos con carácter agravado, en concurso medial con un delito continuado de fraude a la Administración.

Cantur también mantiene la acusación contra el empresario expropietario del Racing Jacobo Montalvo, para el que finalmente ha decidido pedir seis años de prisión —no siete, como se barajó inicialmente— así como 15 años de inhabilitación absoluta al considerar que su actuación en este asunto es constitutivo de un delito de malversación con caudales públicos con carácter agravado.

La empresa pública considera también que la empresa de Montalvo, Dumviro Ventures es responsable penalmente como partícipe a título lucrativo, según se indica en el escrito de conclusiones provisionales presentado este martes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), al que ha tenido acceso esta agencia.

Además de estas penas, Cantur señala que los acusados (López Marcano, Agudo, Egusquiza, Montalvo y Dumviro Ventures indemnicen de forma conjunta y solidaria a Cantur con los más de 6 millones de euros, cantidad en la que, según esta parte, resultó perjudicada la empresa pública.

Contra quien no se mantiene la acusación, tal y como ya se había avanzado, es contra el abogado Emiliano Garayar, que fue asesor del Gobierno regional PRC-PSOE sobre el Racing, para el que se ha solicitado el sobreseimiento de la causa.

Cantur justifica esto al señalar que sus actuaciones en 2005 y 2006 durante la compraventa del Racing "no constituyen elementos suficientes" para acusarle de un delito de malversación.

Sin embargo, reclama que las actuaciones "supuestamente delictivas" de Garayar que sean ajenas a esta causa, se investiguen, en su caso, en las diferentes piezas separadas que el tribunal ha acordado remitir al juzgado de instrucción correspondiente.

Por otra parte, la representación de Cantur en este proceso ha propuesto, como prueba en el juicio oral, además de la documental y el interrogatorio de los acusados, el de casi una treintena de testigos, entre ellos el del propio Garayar.