La Junta de Andalucía, junto a instituciones y organizaciones de la provincia de Jaén, ha constituido una comisión provincial prevista en el protocolo de colaboración para la mejora de la coordinación y atención a personas con discapacidad en situaciones de dificultad y apoyo a estas personas en los procesos de incapacitación.

Esta comisión está presidida por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y compuesta por la Diputación, la Unidad de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, Faisem, un representante de la Fiscalía de Jaén, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Instituto de Medicina Legal, la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, la Fundación Jiennense de Tutela y el Ayuntamiento de Jaén.

"El protocolo y la comisión puesta en marcha mejorarán la coordinación entre las redes de servicios sanitarios y sociales con la Administración de Justicia, al objeto de facilitar respuestas a situaciones complejas de personas con enfermedades mentales, de personas mayores con demencias o de personas con discapacidad intelectual, tratándose en su mayoría de casos de incapacitación judicial", ha destacado en este martes en una nota la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez.

Así, entre las funciones de esta comisión estará el análisis del desarrollo y grado de ejecución del protocolo, evaluación de resultados, así como examinar su funcionamiento en las redes de servicios o dar respuesta a casos complejos.

El nuevo protocolo hará posible mejorar los mecanismos de coordinación intersectorial para optimizar el funcionamiento del sistema de servicios sociales y sanitarios, estableciendo pautas de coordinación a nivel provincial y local, para que se pueda intervenir conjuntamente y se posibilite una mejor protección a la ciudadanía con discapacidad.

Permitirá, igualmente, establecer pautas homogéneas dirigidas a conseguir la mayor eficacia y eficiencia en la atención a las personas en grave situación de desprotección social, con limitación de su capacidad debido a factores de exclusión social y graves discapacidades derivadas de distintas patologías psíquicas.

"Personas que, en consecuencia, requieren asistencia sanitaria y social, así como intervenciones desde el ámbito civil de la Administración de Justicia", ha enfatizado Jiménez, quien ha incidido en que "de este modo se pretende evitar la judicialización de la situación de algunas de estas personas, que puedan dar lugar a la victimización secundaria de personas vulnerables".

La puesta en marcha de estas medidas será posible con la cooperación entre Servicios Sociales Comunitarios, Atención Primaria, Servicios de Salud Mental, Servicios de Atención a Drogodependencias, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía y el Poder Judicial.