Ecologistas en Acción (EA) ha aplaudido este domingo la revocación, por parte de un tribunal de Palencia, de la desestimación de un recurso de alzada que presentó en 2013 contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) concedida por la Junta a Uminsa para la promoción de la mina a cielo abierto 'Valurcia', ubicada en Castrejón de la Peña (Palencia).

Según informa la organización ecologista en un comunicado recogido por Europa Press, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palencia declara no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado por ellos en enero de 2013 ante la Junta por dictar una DIA favorable "saltándose la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión".

"La sentencia recoge la comodidad de la Junta y la indolencia de Uminsa en la defensa de sus planteamientos, así como que la documentación del procedimiento gubernativo estaba incompleta", destacan las mismas fuentes.

EA ha recordado que en octubre de 2011 la Comisión Territorial de Prevención Ambiental acordó requerir a Uminsa la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y un Proyecto de Restauración revisados, ya que la inicial presentaba deficiencias "de considerable importancia".

Esa nueva DIA efectuaba una revisión del proyecto original sobre las medidas protectoras, correctoras y compensadoras, "por lo que debía de haberse sometido a información pública", advierte Ecologistas.

La explotación objeto de estudio se encuentra en un Área de Singular Valor Ecológico y es una Zona de suelo Rústico de Protección Natural "que excluye la posibilidad de uso excepcional para la actividad extractiva y minera" ya que vulnera las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

"Una vez más la Junta de Castilla y León antepone los intereses privados, en este caso de una empresa minera con un pasado más que cuestionable, a los intereses públicos saltándose la normativa de la que debiera ser garante", critica la asociación.

Es por ello que han acusado a la Junta de haber "contribuido de forma activa" a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado para, a continuación, lamentar que la sentencia llegue "tarde": "la explotación ya ha comenzado la actividad y la zona ha sido destrozada".