La exalcaldesa de Carlet (Valencia) niega que diera "órdenes" a policías para que quitaran multas pero sí "sugerencias"

La que fuera alcaldesa de Carlet (Valencia), la 'popular' María Ángeles Crespo, ha defendido ante el juez que no impartió "orden alguna", aunque sí "sugerencias" para que policías locales del municipio retirarán multas a vecinos de la localidad.

La que fuera alcaldesa de Carlet (Valencia), la 'popular' María Ángeles Crespo, ha defendido ante el juez que no impartió "orden alguna", aunque sí "sugerencias" para que policías locales del municipio retirarán multas a vecinos de la localidad.

Crespo se ha pronunciado así en su declaración como imputada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Carlet, en una causa abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa y contra la integridad moral.

El proceso contra la ex primera edil se inició con una denuncia de la Fiscalía en base a la documentación y declaración prestada por el intendente jefe de la Policía Local del municipio, quien aseguró que la alcaldesa presionaba y amenazaba para anular determinadas multas de tráfico a vecinos de la localidad.

Ahora, María Ángeles Crespo, que actualmente está jubilada, ha declarado que cuando en 2011 el Ministerio del Interior modificó los importes de las sanciones, los consideró "muy cuantiosos, y más estando en plena crisis". En este sentido, ha indicado que cuando se pusieron algunas multas de tráfico ya con los nuevos importes hubo gente que fue al Ayuntamiento para quejarse. Como ejemplo, ha citado que algunas personas fueron a hablar con ella porque no podían pagar 200 euros de una multa, un importe que le pareció "efectivamente excesivo".

"proximidad con la gente"

La exalcaldesa ha señalado que convocó una reunión con los policías locales, en las que les instó a "tener proximidad con la gente" y, en este sentido, les pidió que "si veían algún vehículo sobre la acera en zonas de entidades bancarias o tiendas de chinos", entrarán en el establecimiento para preguntar de quién era el vehículo para que lo pudieran retirar antes de poner la denuncia.

Según Crespo, "no impartió orden alguna, sino sugerencia" sobre la retirada de multas y, al respecto, ha asegurado que en ningún caso hubo "presiones ni coacciones". Ha explicado que tenía acceso a expedientes de sanciones cuando algún vecino iba a quejarse y que en ocasiones incluía en el documento "alguna 'A' o alguna 'R' de 'Anular' o 'Ratificar'", además de otras anotaciones pidiendo aclaraciones.

En cualquier caso, ha señalado que esto no significaba que le hicieran caso y ha añadido que en caso de obviar sus "sugerencias" —que hizo desde mayo a octubre de 2011— no había "represalia alguna". De hecho, ha aseverado que nunca comprobó si se hacía caso de las anotaciones. Además, ha indicado que pese a su sugerencia de poner menos multas, se seguían poniendo.

Por otra parte, la ex primera edil ha declarado que en febrero de 2012 el intendente jefe de la Policía Local fue a hablar con ella a su despacho, "muy alterado" y, una vez dentro, cerró la puerta, "la cogió de los hombros, la zarandeó y la violentó", lo que provocó que la entonces alcaldesa se asustara. Además, ha destacado que todavía hoy le tiene "miedo".

Según ha indicado, el policía le dijo que por su culpa no se había ido a Valencia —ya que quería cambiar de destino laboral— y que se estaban "burlando" de él. La declarante ha asegurado que se sintió sorprendida por esta actuación del intendente y ha indicado que ella misma hizo gestiones para que se fuera a trabajar a Valencia, que era lo que había pedido. De hecho, ha aseverado que para ello remitió una carta a la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y habló con dos concejales, pero le dijeron que "no lo podían asumir por la situación económica".

María Ángeles Crespo ha declarado que el intendente de la Policía Local —que ha dicho que estuvo varias veces de baja por depresión— mantuvo una reunión con personas del Ayuntamiento de Valencia, en la que el funcionario planteó un acuerdo económico —con pagos de productividad, un curso, dietas y horas extraordinarias en fiestas, entre otras— para no presentar una denuncia contra la exalcaldesa. Sin embargo, la secretaria del Ayuntamiento le dijo que no era posible.

Otras versiones

El jefe de la Policía que denunció los hechos declaró ante el juez que hasta 2011 no tuvo ningún problema con la primera edil. A partir de esa fecha fue cuando ésta —siempre según su versión— le dijo que iba a llevar la Concejalía de Policía y Tráfico, que quería realizar cambios y que llevar directamente la resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. También declaró que hacía anotaciones en los expedientes, que ponía anular y ratificar y algunos comentarios.

Por su parte, un auxiliar administrativo del departamento de Recaudación del consistorio, que ha declarado en este procedimiento, ha afirmado que la imputada dio una orden a partir del año 2009 o 2010 para que las alegaciones de multas que entraban en el ayuntamiento pasaran primero a la Alcaldía, para que las revisara o graduara lo que se debía hacer.

Antes de ello, explicó que una vez confeccionado el expediente registrado, lo pasaba a la oficina administrativa de la Policía Local para que se procediera al informe del agente denunciante y, en su caso, a la propuesta del instructor jefe, que era Llopis, el cual hacía una propuesta a la Alcaldía sobre si se ratificaba o se imponía la sanción correspondiente.

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