Archivada la denuncia del SAF contra el presidente y miembros del Consejo Consultivo por presunta desobediencia judicial

El Fiscal Superior de Andalucía ha archivado la denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios de Andalucía (SAF) contra el presidente y miembros del Consejo Consultivo de Andalucía por un presunto delito de desobediencia a las decisiones judiciales, en referencia al no reconocimiento de los servicios previos por parte de los funcionarios durante su etapa de interinos, según indica el Consultivo en una nota.

El Fiscal Superior de Andalucía ha archivado la denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios de Andalucía (SAF) contra el presidente y miembros del Consejo Consultivo de Andalucía por un presunto delito de desobediencia a las decisiones judiciales, en referencia al no reconocimiento de los servicios previos por parte de los funcionarios durante su etapa de interinos, según indica el Consultivo en una nota.

En dicho comunicado, el Consultivo ha explicado que la denuncia fue dirigida el pasado 16 de abril al Fiscal Superior de Andalucía por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, acusando al presidente, a cuatro consejeros y al letrado mayor del Consejo Consultivo del delito de desobediencia a las decisiones judiciales.

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios de Andalucía (SAF) al considerar que en los hechos denunciados "no puede apreciarse ningún delito, dándose la circunstancia de que el dictamen 200/2015 del Consejo Consultivo está fundado en Derecho y sus argumentos han sido respaldados por la Comisión Europea".

Ha añadido que ésta, en una reciente carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, "ha concedido dos meses a España para que alegue sobre el incumplimiento del acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, entre otros motivos, por no reconocer los servicios previos —los que se prestaron cuando el funcionario era interino— al computar la antigüedad que se valora en los concursos de méritos de la Junta de Andalucía; un reconocimiento que sí realizan el Estado y el resto de administraciones públicas".

El Consultivo ha explicado que "se trata de un incumplimiento que la Comisión Europea atribuye a las autoridades españolas, apoyadas por una serie de sentencias de los tribunales nacionales".

Ha agregado que es "un punto de vista diametralmente opuesto al de los denunciantes, que acusaba a los miembros del Consejo Consultivo por la emisión del dictamen y por soslayar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que prohíben a la Junta de Andalucía reconocer la antigüedad de los concursantes adquirida antes de obtener la condición de funcionarios de carrera".

Asimismo, la Fiscalía, en los fundamentos de derecho, expone que el requerimiento de dictamen al Consejo Consultivo se hace al amparo del artículo 8 de su reglamento y de la Ley 4/2005 objeto de la denuncia, que dice que "(...) que la cuestión sometida a Dictamen es de especial transcendencia y repercusión social (...), que no es novedoso en la materia, sino que viene a reiterar un doctrina fijada previamente, entre otros, por el Consejo Consultivo en su dictamen número 310/2014 y no, como se afirma en la denuncia, como coartada para desvirtuar las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y convertir al Consejo Consultivo de Andalucía en coartada de una decisión política, tratando de soslayar al Poder Judicial".

Ha indicado que "el Consejo emite su dictamen en el ámbito de sus competencias, y da una opinión jurídica sobre la consulta efectuada sin más, correspondiendo a la Administración Autonómica la competencia para resolver el objeto del litigio, y adecuar el mismo, en su caso a los criterios y dictamen emitido, que es de carácter facultativo y no vinculante, y en ningún caso, supone una negativa al cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales ni incita a la Administración al incumplimiento de aquellas, por lo difícilmente se puede hablar de que los miembros denunciados hayan incurrido en un delito de desobediencia".

La Fiscalía en su decreto de archivo viene a recordar la jurisprudencia existente e indica que "se debería tener en cuenta la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia establecida por diferentes tribunales superiores de comunidades autónomas, entre ellos, el Tribunal Superior de Galicia, que entiende que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es vinculante".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento