La primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno ha acordado este viernes manifestar su criterio contrario a la tramitación tanto de la proposición de Ley de Cuentas Abiertas para la administración pública andaluza, presentada por el grupo parlamentario Podemos, como de la proposición de Ley de reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía, presentada por el Grupo de IULV-CA. Ambas iniciativas fueron registradas el pasado mes de mayo en el Parlamento.

Según ha expuesto el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno,

el rechazo a la tramitación de la iniciativa de Podemos se debe a que la misma supone "dar acceso a información identificativa en contra de las garantías que establece la normativa de protección de datos de carácter personal, además de implicar un aumento de los créditos presupuestarios".

Ha añadido que el texto presentado por Podemos supondría la divulgación "detallada de datos protegidos vinculados a los cargos y abonos que se producen en las cuentas de la Junta, las entidades locales y otros entes del sector público, así como la identificación de terceros (personas físicas y jurídicas con las que tiene relación la Administración autonómica), de los conceptos de las operaciones y de la información adicional que figura en los movimientos".

No obstante, según ha recordado, el grueso de la información a la que legalmente se puede tener acceso ya está disponible en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/).

En ella se pueden consultar los datos de ejecución del presupuesto anual y la situación y movimientos de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Esta información se publica también trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta.

Por otro lado, Vázquez ha explicado que la propuesta de Podemos exigiría el tratamiento previo de los datos de todas las cuentas bancarias del sector público andaluz para su presentación en una plataforma informática accesible a la ciudadanía. Esta labor, según ha apuntado, conllevaría un coste económico adicional y, por tanto, un aumento de los créditos presupuestarios sin que exista dotación prevista.

Rechazo a la iniciativa de iu

En cuanto a la proposición de Ley de IULV-CA relativa a la Cámara de Cuentas, el criterio contrario de la Junta se justifica por las nuevas funciones atribuidas por la propuesta normativa a este organismo técnico, que supondrían un aumento de sus necesidades y, por tanto, de los créditos presupuestarios para atenderlas.

Además, según ha expuesto el portavoz, el texto implica la modificación del régimen de personal y posibilita de forma discrecional acudir a contrataciones externas para la elaboración de informes.

La proposición plantea dotar de un estatuto propio al personal de la Cámara, medida que, en opinión del Gobierno, podría suponer una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos y, por tanto, es contraria a la equiparación que defiende el Ejecutivo andaluz, además de no estar justificada en tiempos de fuertes restricciones presupuestarias.

Del mismo modo, el Consejo considera inviable anticipar al 30 de abril la presentación de la Cuenta General de la Junta ya que, según la legislación vigente, las correspondientes a las sociedades de capital y a las fundaciones deben aprobarse dentro de los seis primeros meses del ejercicio posterior y remitirse a la Intervención General para su verificación y, en su caso, subsanación, antes de la formación de los documentos finales.

Por otro lado, el Gobierno andaluz rechaza la excesiva "discrecionalidad" que el texto otorga al consejero de la Cámara que dirija cada actuación en las contrataciones externas para la elaboración de informes, estudios o comprobaciones.

Como se recordará, el Reglamento de la Cámara andaluza establece que el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación, si implica un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios.