Tribunales.- Condenan a una pareja por falsificar contratos de telefonía para obtener móviles que luego vendían

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por falsificar contratos de telefonía móvil, que hacían a nombre de terceras personas que desconocían la operación, con el fin de obtener terminales de alta gama que posteriormente vendían en el mercado de segunda mano. En total fueron 72 contratos fraudulentos entre 2010 y 2011 y la estafa ascendió a más de 26.000 euros.

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por falsificar contratos de telefonía móvil, que hacían a nombre de terceras personas que desconocían la operación, con el fin de obtener terminales de alta gama que posteriormente vendían en el mercado de segunda mano. En total fueron 72 contratos fraudulentos entre 2010 y 2011 y la estafa ascendió a más de 26.000 euros.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la pareja urdió un plan que consistía en utilizar datos de clientes de la tienda en la que trabajaba la mujer para dar de alta líneas de teléfono móvil con las que daban subvenciones para terminales, que luego vendían, "sin que ninguna de esas líneas hubiera realizado consumo alguno", lo que hizo que la empresa detectara el fraude.

El acusado, dice la resolución, dentro de este plan, suscribió a su nombre o al de un familiar un total de nueve contratos entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010, obteniendo los correspondientes terminales de alta gama con un valor de 4.200 euros, "de los que se apropió, sin respetar las condiciones contractuales de consumo y permanencia".

Entre las personas que no dieron su consentimiento y a cuyo nombre se realizaron, en algunas ocasiones, varios contratos fraudulentos con compromiso de permanencia de entre 18 y 24 meses, hay varias de más de 80 años. Esta sentencia se dicta con la conformidad de los acusados y sus defensas con los hechos manifestados por el ministerio fiscal.

Así, se les condena por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad y se impone a cada acusado una pena de 18 meses de prisión y multa de 810 euros y también indemnizar con 33.000 euros a la persona propietaria del establecimiento, al que la compañía telefónica reclamó las deducciones correspondientes a las altas fraudulentas.

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