El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a otros tres investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Así, los imputados han defendido que actuaron dentro de la legalidad.

Han comparecido tres personas relacionadas con una entidad empresarial sin ánimo de lucro, a la que se concedió una ayuda de unos 98.900 euros para un curso de programador de aplicaciones informáticas, el cual fue subcontratado con una empresa vinculada con los investigados y que se llevó a cabo en las instalaciones de otra sociedad, también relacionada, ubicadas en Coín (Málaga).

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incidían en sus primeros informes, incluidos en el sumario, en que existe una vinculación entre las empresas y en que se utiliza la entidad sin ánimo de lucro para obtener subvenciones que luego gestionan alguno de los miembros de la misma pero a través de otras empresas, con el fin de "enriquecerse".

Han comparecido dos de los responsables de la entidad, policías locales en excedencia en dicho municipio; y un monitor. Según han señalado fuentes judiciales, han declarado que el curso se impartió y que contrataron a siete alumnos, aunque éstos no habrían estado los seis meses correspondientes porque, han apuntado, encontraron otro trabajo. Por esto, han sostenido que actuaron con legalidad.

Asimismo, han señalado que no recuerdan visitas de inspección por parte de la Junta de Andalucía, pero eso era por el volumen de trabajo de los técnicos y, además, sí se les informaba del desarrollo de la formación mediante un programa informático. Han negado cualquier relación con el que era entonces delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, investigado también por estas ayudas.

Esta es una de las 17 empresas o entidades que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juzgado instructor una veintena de personas, relacionadas con al menos ocho empresas.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La UDEF apunta en los informes a una supuesta falta de justificación de estos cursos por, al parecer, falta de capacitación de las empresas; pero también a irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse el compromiso de contratación o falta de control.