El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que "si queremos hacer de España un país competitivo tenemos que incrementar la seguridad jurídica con una reforma de la justicia", al tiempo que asegura que los motivos de que la mayoría de los ciudadanos piensen que la justicia "no funciona" se debe al tiempo de respuesta y a la "politización" de la misma.

Así lo ha indicado en el marco de una conferencia ofrecida en Sevilla bajo el título 'La administración de justicia', organizada por la red de despachos 'Guadaliuris', presidida por Ernesto Sandino, y en la que también ha señalado que décadas después de la Constitución del 78 "la justicia sigue teniendo los mismos problemas y algunos nuevos", y "no se ha producido una evolución y una mejora de la justicia en la prestación del servicio percibido por parte del ciudadano".

"Tenemos pendientes asignaturas con el poder judicial, que nacen fundamentalmente de una lentitud con las respuesta a la resolución de conflictos, y por tanto, al ejercicio de la tutela judicial efectiva, y en este sentido bueno abrir una reflexión sobre el papel que cada uno podemos jugar", asegura el exministro, quien señala que según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) "tres de cada cuatro españoles piensa que la justicia no funciona".

Asimismo, Gallardón lamenta que "vivimos un tiempo de enorme pérdida de credibilidad de lo público", donde los servidores públicos "han sido devaluados" por parte de los ciudadanos, que "han perdido la confianza con consecuencia de muchas conductas". Según el CIS, "la corrupción constituye la segunda causa de preocupación de los españoles", un "desprestigio" que, a su juicio, "no ha pasado en el poder judicial".

"Hay muchas protestas por parte de los ciudadanos con respecto al funcionamiento de la Administración, pero no hay ni una realidad ni tampoco una percepción de que las resoluciones judiciales estén viciadas", lo que supone "un activo formidable". "Si hubiese una percepción de que quienes administran el poder judicial estuvieran sometidos a los mismos códigos de reproches con los que se dirigen a la clase política, entonces habríamos entrado en una crisis institucional de irremediables consecuencias".

En este sentido, y si la valoración de los titulares que ejercen el Poder Judicial "es positiva", para Gallardón las causas de que el 74 por ciento de españoles piense que la justicia no funciona se debe a dos motivos "fundamentalmente": el tiempo de respuesta y la percepción de la "politización" de la justicia.

Sobre el primero de esto motivos, el exministro ha aportado algunos datos como que en el orden civil "la media estimada de resolución de los asuntos es de 8,6 meses; en los juzgados de familia, de 4,4 meses; o de 29 meses para un concurso en un juzgado de lo mercantil", lo que "hacen inútiles las justas resoluciones de nuestro jueces y tribunales y la mala imagen que tienen los ciudadanos del servicio público por más que sepan que la resolución es ajustada a derecho".

España es una país con "una elevada litigiosidad"

Al respecto, asegura que esto se debe a la "elevada litigiosidad" de nuestro país, "por encima de la media europea". Así, subraya que mientras que en un país como Francia con 64 millones de habitantes "hubo seis millones de autos judiciales en 2014, en España, con 47 millones, se alcanzaron los nueve millones", unos datos propiciados por el hecho de que Francia "ha encontrado sistemas alternativos de resolución de conflictos, algo que a nosotros nos va a costar", porque "tenemos el hábito cultural de entender el juzgado como la primera puerta para resolver el conflicto".

Sobre quién soporta los costes del conflicto, Gallardón aboga por que todos se planteen "qué porcentajes de coste del proceso tiene que pagar el protagonista y qué todos lo ciudadanos". Además, señala que la "dispersión legislativa" afecta también al funcionamiento de la justicia en nuestro país, y señala que la reformas parciales a nuestra legislación "ha sido también un elemento de ineficiencia". Así, apunta que la Ley Orgánica del Poder Judicial registra 45 reformas desde su aprobación.

En cuanto a si en España hay mucho o poco jueces, el exministro manifiesta que según un informe del Consejo de Europa, la media de jueces es de 21 mientras que en España es de once por cada 100.000 habitantes. Aunque, precisa que si nos comparamos con otro países de nuestro entorno, la ratio por habitante "es semejante" a la del nuestro. Del mismo modo, indica que el "elevado" número de abogados —272 por cada 100.000 habitantes— tiene que ver con la "alta litigiosidad" a la que se ha referido anteriormente.

Por su parte, y en lo referido a la politización de la justicia, el exministro asegura que "no puede ser que parlamentos autonómicas sigan nombrando titulares de los tribunales superiores de justicia", entre otras cosas porque "hay que recordar que los diputados que nombran a esos titulares están aforados por esos tribunales superiores". "Es algo que a mi juicio debe desaparecer urgentemente", asegura.

Además, continúa, "nos tenemos que plantear el problema de la percepción que tienen los ciudadanos de que Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está politizado como consecuencia de que la designación de sus miembros la realiza el Parlamento, ergo los partidos políticos". Por tanto, anima a una reflexión sobre "cómo se puede conseguir el objetivo de independencia absoluta por parte del CGPJ y la percepción por parte de los ciudadanos de que no existe ningún tipo de contaminación de carácter político".