El PSOE de Jerez de la Frontera (Cádiz) califica de "bochornosa" la situación de la exalcaldesa María José García-Pelayo (PP) por la posible comisión de delitos de prevaricación continuada en el marco de la trama Gürtel y la elevación de la causa al Tribunal Supremo (TS), por lo que le reclama que entregue su acta de senadora.

Según indica el PSOE jerezano en una nota, así lo ha indicado la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la edil socialista Isabel Armario, quien ha detallado que se le solicitará igualmente el acta de concejal "en el mismo momento que se conozca su imputación en la mayor trama de corrupción y escándalo de los últimos años conocidos en el país".

Los socialistas, que recuerdan que fueron iniciadores de la primera investigación en 2009, han declarado que "sorprende sobremanera la urgencia e inmediatez con que ahora García-Pelayo quiere explicarlo todo" —anunciaba este lunes que solicitaría su declaración "inmediata y voluntaria" ante el TS—, lo que "su nulo interés por que se conociera el fondo del asunto durante su etapa en la Alcaldía para que no le salpicara".

En este sentido, señala que la nueva alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez (PSOE), ya ha solicitado los expedientes en cuestión sobre la adjudicación de Fitur 2004 tras "la negativa de la exregidora de entregarlo en el último año, a pesar de haber sido reclamado de forma reiterada por el Pleno de la Corporación municipal".

Para Armario, "acorralada ahora por las circunstancias y desnuda de poder, quiere que todo acabe pronto, a velocidad de crucero, cuando ha tenido desde 2004 para dar explicaciones sobre las supuestas contrataciones irregulares del estand de Fitur".

Asimismo, ha mostrado su "satisfacción" porque "Jerez y su Ayuntamiento, sin duda, se libraron el sábado de un nuevo bochorno mediático de escándalo y corrupción que ahora se cierne sólo sobre la figura de personas concretas y no de instituciones a las que ya no representa".

La edil socialista reconoce también que gracias al auto dado a conocer este lunes por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, "se justifica porqué hoy por hoy no gobiernan, ni podían seguir haciéndolo, en una ciudad a la que han hecho tanto daño con este asunto".

Destaca que en la exposición razonada que los hechos descritos se dice que pueden constituir un delito continuado de prevaricación, ya que como se recoge textualmente, "desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".

De hecho, el propio juez argumenta que "toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad, libre concurrencia de otras empresas y que los servicios que pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más acorde para los intereses municipales, y por tanto para los intereses generales". Es más, añade que "actuando así todos se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido".

Petición de responsabilidades al pp

Por su parte, Araceli Maese ha definido de "bochornosa la realidad trasladada desde la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo sobre las contrataciones a la red corrupta Gürtel porque viene a ratificar que hay indicios de delito en la conducta de la exalcaldesa aforada, pero el dato relevante es que hasta ahora nadie haya asumido ninguna responsabilidad ante lo sucedido".

A juicio del PSOE provincial, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, "ha escondido la cabeza ante la debacle electoral en las municipales, por lo que le pedimos que ahora dé la cara y tome medidas porque, de lo contrario, sobre el PP de Cádiz recaerá siempre la sombra de duda sobre su relación con la red corrupta Gürtel".

Sostiene que Sanz "debe dar explicaciones de todo cuanto sepa". De igual modo, critica que García-Pelayo trate de "minimizar el impacto del escándalo de dimensiones muy graves" argumentando que ningún caso se ponen en cuestión la incorrecta utilización de fondos públicos, ni la relación personal con ninguna trama ni organización, sino exclusivamente el procedimiento de tramitación de un expediente administrativo.