El que fuera jefe de servicio de Promoción Rural de la Junta Julio Martín Jorreto ha declarado este lunes como imputado ante el juez que investiga las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por parte de la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos y ha asegurado que le extrañó que certificaran obras por valor de 4,2 millones, pues las mismas "estaban en un estado de deterioro que daban pena".

Según el acta de su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera jefe de servicio de Promoción Rural de la Consejería de Agricultura entre 2003 y 2010 ha puesto de manifiesto que visitó las obras junto a un técnico y le comentó "cómo era posible que aquello pudiera haber sido certificado", pues "estaba en gran estado de deterioro por el paso del tiempo, con barro e inundaciones de agua, con tuberías saltadas por no estar conexas".

El imputado, que ha querido dejar claro que las certificaciones "eran una cosa totalmente personal del inspector-facultativo", ha precisado que "al decir cómo era posible que se hubiese certificado el trabajo, quería aludir a que el trabajo no estaba bien hecho y el deterioro había conseguido romper cosas", aunque "es posible también que el estado de deterioro en el que se encontraba la obra estuviera motivado porque en el momento de paralizarse no estaba concluida".

"una barbaridad"

En su declaración, el exjefe de servicio también ha aseverado que "le parece una barbaridad la tardanza de la aprobación del proyecto constructivo, en este caso de la comunidad de regantes", señalando que "no tiene conocimiento de los motivos de ellos" y que "no es normal realizar obras sin un proyecto constructivo".

Y es que el juez considera que, "pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello", cuatro de los 21 imputados en la causa, entre ellos el presidente de la comunidad de regantes, Diego García Santos, participaron en la elaboración de una "certificación absolutamente inveraz, que certificaba que a 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4.245.826,56 euros, a pesar de que ello no era cierto".

En este sentido, el presidente de los regantes entre 2000 y 2009 ha reconocido haber firmado el 4 de diciembre de 2005 la primera certificación de obra por importe "de más de cuatro millones de euros" y ha añadido que fue el gerente, ya fallecido, quien "les dijo que la Junta le había indicado que había que hacer una primera certificación por lo que se hubiese realizado y lo demás en acopio", porque "si no el dinero se devolvía".

"miles de metros de tuberías"

De esta manera, el gerente "le explicó qué es eso de acopio y vio que las Marismas se llenaron de tubos a pie de obra", y así "vio miles de metros de tuberías", añadiendo que "los trabajos consistieron en la introducción de muchos metros de tuberías secundarios", y que "con todo ello más el trabajo y el material debía coincidir con el importe de esa primera certificación".

No obstante, ha querido dejar claro que "si hubiese sospechado que esa certificación fuera no real, no la hubiera firmado", y ha agregado que, según los técnicos, "las obras estaban ejecutadas en un 80 por ciento", así como que "el dinero se ha gastado en la realización de las obras y que ahora debe estar en mal estado por el tiempo de abandono que lleva". En este punto, ha negado haberse quedado con "ninguna cuantía dineraria ni haber obtenido ningún lucro ilícito".

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado ha asegurado que era el gerente, ya fallecido, quien "trataba y se entendía con las instituciones y organismos y en este caso con la Junta" y la persona que llevaba "todo lo relacionado con lo de la subvención y la tramitación" de las cuestiones administrativas en el seno de la comunidad de regantes.

AGRICULTOR

El imputado ha dicho que él era agricultor y tenía como "oficio principal y esencial dedicarse a las tareas agrarias", por lo que "se limitaba a presidir las juntas de gobierno", no teniendo "ningún contacto con ningún miembro de la Junta de Andalucía en orden a la concesión de la subvención" ni "con ningún político o personal de la Junta hasta el punto de que, con esa relación, pudiera favorecer a la comunidad de regantes otorgando subvención".

Ha insistido en que "no sabía nada de cuestiones administrativas, ni de plazos ni de documentación ni de requisitos a cumplir para la obtención de la subvención" y ha aseverado que "ignoraba que la Consejería le iba a conceder la subvención ya antes de ser formalmente aprobada".

Así, el gerente "les explicaba a los miembros de la comunidad de regantes cuáles eran las condiciones y requisitos para que la Junta concediera la subvención", pero el imputado "no estaba al tanto de todo ello, no sabía bien como estaban las cosas realmente, y creía plenamente en el gerente por ser un técnico ingeniero agrónomo y confiaba en él".

Ha declarado que formó parte de la primera mesa de contratación como vocal, pero que era el comité de evaluación "el que llevaba la voz cantante porque los demás no tenían ni idea de nada". "Los agricultores, al desconocer de todo, decían siempre sí a lo que le proponían", ha manifestado.

De igual modo, ha dicho que "no recibió en ningún caso ninguna indicación o presión de que se concediera la preadjudicación" para la realización de las obras a la UTE Teconsa-Elecnor-Meci-Tegner, y que se hizo la adjudicación a dicha UTE "porque fue la que aconsejó los técnicos del comité de evaluación".

"hubo problemas"

Así, los agricultores que formaban parte de la mesa de contratación "preguntaron los motivos de por qué esa UTE preadjudicada, no siendo la primera, había sido la elegida, y le dieron las explicaciones de que cada empresa era especialista en una determinada materia", por lo que "aceptaron", no obstante lo cual "hubo problemas, porque le comunicó la Junta a la comunidad de regantes que una de las empresas no reunía los requisitos y el gerente encomendó una nueva reunión de una segunda mesa de contratación".

Tras ello, hubo una segunda reunión donde el comité de evaluación solicitó que se adjudicara a Befesa-Alpi, por lo que la mesa decidió adjudicar las obras a esta UTE y, posteriormente, indemnizar a las empresas a las que se había hecho la primera preadjudicación, algo que fue "bastante controvertido, porque aunque habían hecho catas y otros trabajos que no recuerda, el dinero que se solicitaba para cada empresa de esa UTE era excesivo".

Ha afirmado, por último, que era "desconocedor" e "ignoraba todo pacto o contrato sobre subcontratación de obras entre la UTE adjudicataria y las empresas que conformaban parte de la primera UTE adjudicada".