La diputada de UPyD Irene Lozano ha pedido la apertura de un expediente disciplinario contra la líder del partido, Rosa Díez, y toda la dirección por violar su correo electrónico personal, y ha solicitado que se les suspenda "inmediatamente" de su ejercicio, y no descarta otras vías.

En un escrito remitido a la Comisión de Garantías de UPyD, firmado también por la concejala de Segovia Luciana Miguel; Félix Ortiz, integrante de este órgano, y Rodrigo Tena, exmiembro del Consejo de Dirección, Lozano acusa a la ejecutiva de rastrear su correspondencia electrónica y filtrarla a la prensa a principios de mayo.

Además, solicita que inste al Consejo de Dirección a que cese su política de "acoso" contra ellos, a menos de un mes del congreso extraordinario de UPyD, el 11 de julio, que renovará la dirección y en el que Lozano encabeza una de las cuatro candidaturas que por ahora han anunciado que concurrirán.

Los correos electrónicos a los que se refiere fueron intercambiados entre Lozano y el exdiputado asturiano Ignacio Prendes, ahora en Ciudadanos, en los que la diputada plantea fundar otro partido.

De acuerdo con éstos, Lozano urge a Prendes y a otros dirigentes a impulsar la plataforma Encuentros para sumar a todos los descontentos de UPyD que quieren pactar con Ciudadanos, una plataforma que debería convertirse en partido, señala la diputada, porque "las expulsiones están tomando velocidad de crucero".

Se trata de unos mails cruzados durante el mes de abril, en plena vorágine de la crisis de UPyD, cuando el desastre en las elecciones andaluzas del 22 de marzo desencadenó una espiral de dimisiones de miembros de la dirección, dirigentes y militantes.

En aquel momento, Lozano decidió no tomar cartas en el asunto, pero hace dos semanas, han contado fuentes de su candidatura, la dirección distribuyó a sus miembros un informe de veinte páginas con todos esos correos —quince en total—, más algunas aportaciones "manipuladas e interesadas".

Para empezar, el documento con el que la dirección distribuyó esos correos se titula "informe sobre la actuación coordinada de Ignacio Prendes y ciertos miembros de UPyD para desarticular las listas electorales de este partido y forzar una coalición con C's".

Aparte de reproducir los correos electrónicos de manera parcial —señala la denuncia—, incluye "comentarios denigratorios" para desprestigiar a Lozano y Prendes e incluso tacha palabras "clave" como "hay que salvar UPyD".

Fue entonces cuando Irene Lozano decidió acudir a la Comisión de Garantías y solicitar la suspensión cautelar de toda la dirección al considerar que las infracciones son "muy graves" y pueden acabar con la suspensión de militancia, según el escrito, aparte de otras sanciones penales por violación de información privada.

"Sin perjuicio del resultado del proceso judicial que en su caso pueda entablarse por los afectados", señala el escrito, Lozano y los otros tres dirigentes piden que, en caso de no acordarse la suspensión se adopten medidas "cautelares" para que el proceso electoral que concluirá con la elección de una nueva dirección se desarrolle con "imparcialidad".

De la misma forma, quieren saber cuánto pagó UPyD a la empresa Forest Digital por el "espionaje" de su correspondencia, en plena campaña electoral.