Un forense judicial controlará la prótesis defectuosa de la compañía Traiber que este lunes se extraerá a una paciente con un implante de esta marca desde el año 2006, aquejada por fuertes dolores que le impiden una vida normal, ha avanzado a Efe su abogado, Emili Ortiz.

El juzgado número 3 de Reus (Tarragona) ha ordenado que su forense adscrito asista a la operación, que se realizará, por la mañana en el Hospital de Sant Joan de Reus, para garantizar la cadena de custodia de la prótesis.

En esta cadena también interviene un técnico del Departamento de Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), que trasladará el implante a esta universidad para que lo periten.

El juzgado número 3 de Reus imputó el pasado 1 de mayo al dueño de Traiber, Lluis Márquez, por un delito contra la salud pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y otro societario.

La denuncia de una exempleada de la empresa, con sede en el polígono Mas de les Ànimes de Reus, desembocó en una alerta sanitaria de la Agencia Española de los Medicamentos y a la revisión de más de 6.000 pacientes con prótesis defectuosas o caducadas.

Según la alerta sanitaria, Traiber fabricaba las prótesis sin la preceptiva licencia y las comercializaba sin el obligatorio sello de la CE, y un informe posterior concretó que la empresa vendió implantes caducados desde hacía más de una década.

La afectada a la que se le extraerá la prótesis, Carme Romeu, en declaraciones a Efe, ha explicado que se operó en el año 2008 de la rodilla y aunque desde entonces, no puede "estar de pie más de diez minutos" y el traumatólogo le dijo que "no se podía hacer nada".

Pero un día "me llamaron del hospital para revisarme y poco después, supimos por la prensa que la marca Traiber no estaba bien, miramos los papeles y era la mía". "Mi opinión personal es que, si no hubiera estallado todo esto, yo aún estaría rabiando de dolor", relata Romeu.

El Hospital de Sant Joan, con 1.400 pacientes con prótesis de rodilla, cadera y columna de Traiber, concentra el grueso de afectados, que se extienden entre once comunidades autónomas y siete países también alertados por las autoridades médicas.

Desatada la alerta sanitaria, el Hospital de Sant Joan llamó a revisión a los afectados: "a mí me dijeron, con la radiografía, que se tenía que operar de urgencia porque estaba mal". "Ya hace siete años que lo digo y no me hacíais caso", se ha quejado Romeu, quien afronta su día a día "tomando mucha medicación". "Y como puedo porque en casa somos cinco y tengo una hermana con síndrome de Down que también pasa por mis manos", ha agregado.

El juzgado número 3 de Reus instruye desde hace más de dos años un cúmulo de delitos, la mayoría relacionados con corrupción en la salud pública, facilitados, presuntamente, por los responsables del grupo de empresas municipales de la ciudad tarraconense, la extinta Innova.

La pieza número 4 de este caso afecta a contratos y servicios del Hospital de Sant Joan de Reus y el juez investiga presiones de dos concejales del Ayuntamiento de Reus al jefe de Traumatología del Hospital para forzarle a comprar prótesis de Traiber.

Por este motivo, ha imputado por los mismos delitos que a Lluis Márquez a la exprimera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU) y al exconcejal de Promoción Económica y ahora electo como número cuatro de las listas convergentes, Marc Arza.