CCOO-A ha mostrado su apoyo a "todas las acciones judiciales para combatir cualquier caso de malversación, utilización ilegal o falta de control en la utilización de los fondos públicos", pero, tras mostrar su "máximo respeto a las acciones policiales y judiciales", CCOO ha mostrado su preocupación "ante las actuaciones emprendidas contra el personal técnico de la formación para el empleo, que corre el riesgo de convertirse en víctima de los errores y presuntas corruptelas que hayan podido cometerse por algunos de sus superiores jerárquicos".

En una nota, el sindicato considera que "numerosos empleados públicos están siendo llamados a declarar por las autoridades judiciales en relación con estos casos de presunta corrupción".

No obstante, considera "llamativo" que "se pretenda reclamar responsabilidades al eslabón más débil de la cadena, es decir, al personal técnico que participaba únicamente en la tramitación administrativa de los expedientes de los cursos de formación, poniéndolo bajo sospecha de malversar unos fondos que nunca manejó y pretendiendo exigirle responsabilidades sobre procesos en cuyas decisiones de concesión o justificación nunca participó".

CCOO muestra su apoyo a estos empleados públicos, y defiende que las responsabilidades judiciales que pudieran corresponder "hay que exigirlas a quienes han ejercido los cargos con capacidad para tomar decisiones sobre la gestión y el control de los fondos públicos".

"No se puede pretender que este personal técnico sea el que cargue con las consecuencias de estos presuntos casos de corrupción en Andalucía. Por el contrario, el personal técnico de la Formación para el Empleo ha contribuido y continúa haciéndolo, desde su profesionalidad, honestidad y objetividad, a facilitar y mejorar las condiciones de la formación y, por tanto, de la empleabilidad de los trabajadores andaluces", ha añadido FSC de CCOO-A en su comunicado.

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