La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha sacado a licitación un contrato administrativo especial para la explotación de la cafetería ubicada en la Plaza de América, frente al edificio del Rectorado 'Rosario Valpuesta', ello después de que los hasta ahora gestores hayan comunicado a la dirección de la sede académica su decisión de no continuar con la explotación de este servicio.

En el anuncio publicado en boletín oficial, consultado por Europa Press, se licita así un contrato por cuatro años con un canon mínimo de explotación de 6.050 euros anuales, pagaderos mensualmente a razón de 504,17 euros: no se exige garantía provisional.

Previamente, el rector de la universidad, Vicente Guzmán, suscribió otro anuncio en el que se subrayaba que, "por razones de interés público que aconsejan no continuar con la tramitación del procedimiento de licitación", se acuerda desistir del contrato administrativo especial para la explotación de la cafetería.

Hasta ahora, el negocio había venido siendo explotado por una serie de trabajadores que, tras abandonar la gestión una empresa concesionaria anterior para la que desarrollaban su labor, se establecieron en cooperativa con la idea de llevar la actividad, para lo cual se presentaron al preceptivo concurso.

Por otro lado, el sindicato CCOO se implicó directamente en el conflicto que afecta a otra de las cafeterías del campus, localizada en el edificio 24 (Fausto Elhuyar de Suvisa) —frente a la biblioteca—, que permanece cerrada desde que hace más de dos años fuera objeto de cierre patronal por parte de la anterior empresa concesionaria.

El conflicto se ha enquistado y vivió la última dificultad cuando la única empresa interesada manifestaba su intención de no suscribir el contrato debido a algunos desacuerdos que se han producido.

Se apuntaba a dos factores como los principales que justificarían la negativa que a día de hoy ostenta la empresa: una serie de cambios en mecanismos vinculados con la deuda heredada de la concesión anterior, que los trabajadores no habrían aprobado por unanimidad —siendo éste el requisito que pide la interesada—, y la falta de remisión por parte de la universidad de documentación necesaria para comprobar los importes del débito.

Todo ello se producía después de las prórrogas establecidas por la dirección de la sede académica en el proceso de adjudicación, al desbloquearse directamente con la empresa interesada la situación tras la entrega de documentación pendiente.