El PP de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, permitió que Eusebio García Gómez, alcalde en funciones de Torrejón de la Calzada (municipio de 7.700 habitantes del sur de la comunidad), se presentara a la reelección en los últimos comicios municipales del 24M a pesar de que estaba imputado por prevaricación administrativa desde octubre de 2013 en el juzgado número 4 de Valdemoro, y a pesar de que tenía otro procedimiento abierto que ha desencadenado en la apertura de nuevas diligencias contra él el pasado 9 de junio "ante la posible existencia de una infracción penal", según el auto del juzgado número 2 de Valdemoro, un caso relacionado con la adjudicación de la piscina municipal.

A finales de 2014, el PP madrileño promovió los exámenes de honradez para evaluar la capacidad y los antecedentes de sus candidatos a los municipios. Eusebio García no estuvo entre los examinados, "porque solo se lo hicieron a los nuevos candidatos, no a los que repetíamos", señala el propio García, que asegura que informó al PP de Madrid y al Gobierno regional de su situación judicial. "Esto es una persecución política del principal grupo de la oposición y de una funcionaria, que casualmente es la pareja del portavoz de ese grupo de la oposición", asegura el alcalde en funciones.

No obstante, no acaban aquí los problemas judiciales de García, que no sabe si podrá repetir mandato porque ha sacado cinco ediles (ha perdido uno), cuando la mayoría absoluta está en 7. No le vale ni el voto del edil del PSOE, que ya le apoyó en el anterior mandato. El 31 de marzo de 2015, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid número 13 rechazó el recurso del alcalde y dio la razón a la Delegación del Gobierno, que había anulado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el Ayuntamiento que dirige García porque "vulnera el ordenamiento jurídico estatal". Eusebio García también podría declarar como testigo en la querella que un vecino del municipio ha puesto en el juzgado número 6 de Valdemoro a un empresario, al que el Ayuntamiento adjudicó la concesión de la piscina tras quitársela a este vecino, caso relacionado con la denuncia puesta también en el juzgado número 2.

Los frentes judiciales son varios. En el primero, la secretaria general del Ayuntamiento [Eusebio García recalca que "es la pareja de su adversario político"] le denunció porque el alcalde había sustituido sus funciones cuando ella estaba en el médico para convocar vía urgente una Junta de Gobierno Local que aprobó varias licencias de ocupación. La funcionaria que sustituyó a la secretaria general señaló que había sido habilitada de manera forzosa y sin ver los expedientes que se iban a tratar en la sesión, según la denuncia que se presentó en el juzgado número 5 de Valdemoro. Esta se archivó provisionalmente, pero fue recurrida y reabierta porque paralelamente el Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada (GLITC) había presentado otra denuncia en el juzgado número 4 por varias irregularidades detectadas en la gestión del alcalde, entre ellas la de la sospechosa sustitución de la secretaria general.

El alcalde fue citado a declarar como imputado en el juzgado número 4 el 31 de octubre de 2013 por prevaricación administrativa. Y el 26 de septiembre de 2014, este juzgado decidió acumular las dos denuncias (la de la secretaria general, archivada y reabierta; y la del GLITC) para tratarlas como un único caso, justo semanas antes de que empezaran los exámenes de candidatos del PP de Madrid. "El alcalde sigue imputado", señalan fuentes jurídicas de la acusación. Por su parte, Eusebio García asegura que no sabe si está imputado, ya que no tiene notificación de que lo esté después del primer archivo (luego reabierto) de la denuncia de la secretaria general.

Ahora en el juzgado 4, no solo se investiga si hubo delito en la sustitución de la secretaria general, sino también el despido del arquitecto municipal, producido en 2011 porque "al parecer no hacía informes urbanísticos del agrado del alcalde". El arquitecto llevó al Ayuntamiento a los tribunales porque no estuvo de acuerdo con la indemnización recibida. Ganó el caso y el Consistorio tuvo que pagar 72.338,04 y 74,77 euros por cada día que pasó entre el despido y la sentencia en concepto de salario de tramitación. También se investiga si fue legal por parte del alcalde la contratación de una arquitecta externa para que diera el visto bueno a esas licencias, teniendo en cuenta que los informes favorables de esa nueva arquitecta se habían firmado días antes de que fuera contratada por el Ayuntamiento. Esta arquitecta ha sido llamada a declarar por el juzgado número 4 el próximo 15 de julio. En vez de sacar una nueva plaza de arquitecto municipal, el alcalde decidió seguir contratando arquitectos externos, contrataciones que también han sido denunciadas.

En el juzgado número 2 de Valdemoro, el juez acaba de abrir una investigación contra el alcalde y el concejal de Hacienda en funciones por rescindir la concesión de la piscina municipal a una empresa que había ganado el concurso en 2009, cuando gobernaban los independientes. Según la denuncia, el alcalde presionó al adjudicatario, la empresa Centro Salud 2000 Agua y Deporte, para que cediera su concesión tras realizar dos informes que enumeraban "incidencias graves achacables al adjudicatario". Finalmente, en julio de 2012, el adjudicatario cedió y traspasó la concesión a otra empresa, Monblaranda, cuyo administrador, Juan Antonio Montblanc Aranda, también está denunciado.

En la denuncia puesta por el GLITC se destaca que no se entiende cómo finalmente el Ayuntamiento pagó 20.000 euros al adjudicatario inicial (Centro Salud) para que dejara la piscina en manos de otra empresa si había informes municipales que denunciaban al adjudicatario por incumplimientos graves de sus funciones, lo que hubiera conllevado una penalización por parte del Consistorio, no pagarle 20.000 euros. La denuncia también revela que antes de echar al adjudicatario inicial, la nueva empresa que se iba a hacer cargo de la piscina ya había pedido licencia para hacer obras en ella. 

Aquí los denunciantes revelan que un sospechoso entramado empresarial ha gestionado la piscina municipal: Tacipeca SL firmó el contrato con el Ayuntamiento, aunque solo para dos meses. La mercantil Monblaranda recaudaba las cuotas y los pagos de los vecinos que usaban la piscina, y Centro Salud 2000 Agua y Deporte (la del anterior adjudicatario) seguía con la contratación de los trabajadores, ya que había sido adquirida por los nuevos adjudicatarios. En febrero de 2013, los contratos de los trabajadores pasaron a Monblaranda. Entre 2012 y 2014 no hubo concurso público que legitimara la concesión de la piscina, aunque este entramado societario seguía gestionándola y las facturas de luz y agua, que hubieran correspondido al adjudicatario, las pagaba el Ayuntamiento.

En julio de 2013, el anterior contratista de la piscina, un fisioterapeuta que dirigió la empresa Centro Salud antes de venderla a Juan Antonio Montblanc, denunció ante el Ayuntamiento que la piscina estaba sin adjudicatario; que había una empresa (Monblaranda) que cobraba a los usuarios a pesar de que había sido otra, Tacipeca, la que había firmado un contrato de dos meses con el Consistorio, por lo que había un desvío de fondos; que existían graves deterioros en la piscina y que los trabajadores de la misma no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Una inspección corroboró que se adeudaban a la Seguridad Social 81.000 euros.

El fisioterapeuta decidió finalmente querellarse a finales de 2014 contra Juan Antonio Montblanc por impago. La querella está admitida en el juzgado número 6 de Valdemoro. "El alcalde nos hizo acoso y derribo para que dejáramos la concesión de la piscina. Incluso nos mandaba a la Policía Local para cada requerimiento. Al final decidimos vender, pero firmamos ante notario que el comprador, el nuevo adjudicatario de la piscina, asumía las deudas y nos pagaba una cantidad. Nunca se ha producido este pago ni asumió la deuda, por lo que los acreedores nos embargan ahora a nosotros. Queremos que el alcalde declare como testigo", señala la familia.

"Lo único que hemos hecho es 'remunicipalizar' la piscina porque el primer adjudicatario [el fisioterapeuta] no cumplía con sus obligaciones", señala el alcalde. La 'remunicipalización' se produjo, sí, pero a finales de 2014, cuando la concesión del primer contratista, el fisioterapeuta, había terminado en julio de 2012. En ese tiempo, el entramado societario de Juan Antonio Montblanc gestionó la piscina, sin ningún tipo de adjudicación, señalan los denunciantes, y "en contra del criterio de los funcionarios, que señalaron que esta actuación era ilegal".

Para más inri, en un gesto que "revela la impunidad y la osadía de los denunciados", el alcalde "burla la aparente remunicipalización de la piscina contratando a dos empresas de Juan Antonio Montblanc para contratar alquiler de maquinaria y la dirección técnica de la piscina".