El Congreso aprueba definitivamente la ley que otorga la nacionalidad española a los sefardíes, descendientes de los judíos que fueron expulsados en 1492, una norma que para todos los grupos supone la "reparación de una injusticia histórica" pero que la oposición ve con "graves carencias". La ley va dirigida a los descendientes de los sefardíes que fueron expulsados hace más de 500 años de la península y a los que fue arrebatada una ciudadanía a la que ahora podrán aspirar, acreditando su origen y su especial vinculación con España a través del conocimiento de la lengua y la cultura, aunque no tengan residencia legal en el país.

Los ministros de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Justicia, Rafael Catalá, han estado presentes en el pleno que ha aprobado el proyecto de ley, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, y han coincidido en que supone una "rehabilitación histórica" y una restitución de los derechos de los sefardíes. "Esta ley dice mucho de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos hoy los españoles y lo que queremos ser en el futuro, una España abierta, diversa y tolerante", ha afirmado Catalá.

El ministro de Exteriores ha señalado que el proyecto de ley es obra de todo el Gobierno y que supone la "reparación de una deuda histórica" con las comunidades judías. También ha asistido a la Cámara Baja Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, quien ha calificado el día de "histórico" y ha dicho que abre "una nueva era en la relación de las comunidades judías con la hispanidad".

Los grupos de la oposición han mostrado su respaldo al proyecto de ley que repara "una injusticia histórica", pero han puesto de relieve sus "gravísimas carencias" y han destacado que la norma pone muchas dificultades para que los sefardíes accedan a esa nacionalidad española, como el pago de una tasa de cien euros o las pruebas que demuestran una especial vinculación con España.

El proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso después de su tramitación en el Senado, donde recuperó su redacción original después de que el PP introdujera dos enmiendas. El PP introdujo una enmienda que recupera la obligatoriedad del pago de una tasa de cien euros gestionada por el Ministerio de Justicia para la tramitación de los expedientes.

La segunda enmienda establece que el acto de la jura para obtener la nacionalidad se haga ante el encargado del registro civil, lo que abre la posibilidad a que se pueda realizar en registros consulares, sin necesidad de desplazarse a España. En el debate en el pleno, el diputado del PP Gabriel Elorriaga ha agradecido la "enorme colaboración" de los grupos en la tramitación y ha defendido una norma que pretende ser "precisa, ágil y justa".

La diputada socialista María del Carmen Silva ha expresado el rechazo de su grupo al "modus operandi" del PP en la tramitación de la ley ya que ha demostrado "la falta de respeto que le tiene al Parlamento, pervirtiendo una y otra vez la técnica legislativa". Por CiU, el diputado Jordi Jané ha afirmado que su grupo respalda este proyecto de ley pero de forma "crítica" al ser de alguna manera "una ley escaparate" que dejará muchos anhelos en el camino.

Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, ha opinado que esta norma es "insuficiente" y ha señalado que añade un procedimiento de adquisición de la nacionalidad con "un método tortuoso y cicatero".

Por UPyD, su líder, Rosa Díez, ha asegurado que esta norma es el "reconocimiento de un grave y dañino error histórico que aún sigue vigente, el antisemitismo".

Emilio Olabarría, del PNV, ha considerado que "bien está lo que bien acaba aunque sea tarde en el tiempo", si bien ha criticado algunos de los "requerimientos dudosos" para acceder a la nacionalidad.

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu ha valorado esta ley pero como "un primer paso" ya que, ha dicho, espera que en el futuro pueda ser modificada para "flexibilizar las condiciones" de acceso a la nacionalidad española.

La norma establece que el procedimiento de nacionalidad será electrónico y que la solicitud se formulará en castellano e irá dirigida a la Dirección General de los Registros y el Notariado.

La condición de sefardí originario de España podrá acreditarse con un certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, el cargo análogo de la comunidad judía de residencia o de la autoridad rabínica competente. También servirá la acreditación del uso como idioma familiar del ladino o por otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad, como la partida de nacimiento o el certificado de matrimonio en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla.

Se aceptará como prueba un informe motivado, emitido por una entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español. Tras la aprobación, los ministros García-Margallo y Catalá se han hecho una fotografía en las escalinatas del Congreso con todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, que no ha querido sumarse.