La sentencia del Tribunal Supremo que impone una condena de seis años y medio de prisión al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y

exdiputado del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, por fraude en las ayudas concedidas a una fundación para proyectos de agua en Nicaragua, deja al ex alto cargo de distintos gobiernos autonómicos, tanto 'populares' como socialistas, al borde de entrar en prisión ya que, aunque solicitara el indulto, la ley únicamente permite evitar el ingreso en prisión mientras se tramita la medida de gracia si la pena aplicada es inferior a los cinco años, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

De esta forma, Blasco —a quien el TS ha rebajado en un año y medio la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana— sería el tercer ex cargo 'popular' que ingresaría en la cárcel en los últimos meses, después del exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, condenado a tres años de prisión por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio municipal de recogida de basuras de la localidad y del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, que cumplirá cuatro años por el 'caso Naranjax'.

En estos dos supuestos, ambos exdirigentes pidieron el indulto, una medida de gracia que les denegó el Gobierno, aunque durante la tramitación de la petición no tuvieron que ingresar en la cárcel. El procedimiento pasa porque el órgano enjuiciador, en este caso la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, requiera a Blasco para notificarle personalmente el mandamiento de ingreso en prisión, una vez confirmada la pena por el TS. Si se presenta la petición de indulto al Gobierno, éste pedirá informes pertinentes al tribunal que lo juzgó.

Éste es la segunda vez que el exconseller está a un paso de la cárcel ya que después de la condena del TSJCV, la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión incondicional para él por riesgo de fuga. La sala acordó la medida aunque eludible con el pago de una fianza de 200.000 euros, que el condenado, que tiene cuentas y bienes embargadas por el tribunal de Cuentas, pagó en menos de 48 horas gracias al dinero de amigos y su mujer, la que fuera responsable del IVAM, Consuelo Císcar.

Entonces, la sala consideró que, al ser el "principal promotor" de los hechos, podría tener "contactos y relaciones" para una "eventual elusión" de la justicia hasta la sentencia del TS.

Una larga trayectoria política con final infeliz

Blasco, de 69 años, podría presumir de una larga trayectoria política en la que ha tocado todos los palos de no ser porque el final ha sido infeliz. Doctor en derecho por la Universitat de València (UV), ha trabajado de interventor y depositario de fondos de la adminstración local. Casado con la que fue directora del Institut Valencià de Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, en su juventud, Rafael Blasco militó en el Partido Comunista de España (PCE) y en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP).

Más tarde, se afilió al PSPV y fue conseller con el expresidente de la Generalitat Joan Lerma, con quién dirigió los departamentos de Presidencia y Obras Públicas y Urbanismo. En 1989, cuando ostentaba esta última cartera, una directora general de su Conselleria denunció a dos funcionarios por supuestamente aceptar dinero a cambio de recalificar unos terrenos en Calpe (Alicante), por lo que Lerma lo destituyó.

En 1995 Eduardo Zaplana ganó las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana y nombró a Blasco subsecretario, quien volvió así al Consell, pero entonces con el Partido Popular. Rafael Blasco ha sido conseller con todos los presidentes que ha tenido la Generalitat Valenciana a excepción de Alberto Fabra: Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps.

En concreto, con el PP ostentó las carteras de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía. En 2009 Francisco Camps lo nombró portavoz del PP en las Corts, en sustitución de Ricardo Costa. En junio de 2012, cuando saltó el escándalo y la juez vio que había indicios delictivos en su actuación, renunció temporalmente como síndic. Fue imputado en octubre de 2012 y dimitió definitivamente de ese puesto. El exconseller pasó al grupo No Adscrito aunque renunció un día después de su condena, en mayo de 2014.