La Operación Púnica ha vuelto a señalar con el dedo de la corrupción, en pleno proceso de pactos electorales para alcanzar acuerdos de investidura y de Gobierno, a más Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y también de la Comunidad Valenciana. Entre ellos Alcobendas, gobernado por el PP, cuyo alcalde en funciones Ignacio García de Vinuesa ha tomado posesión este martes de su acta como diputado parlamentario. Iba en el número 27 de la candidatura de Cristina Cifuentes. Mientras García de Vinuesa estaba en la Asamblea de Madrid, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirigen las pesquisas, acudían a la sede del Ayuntamiento para solicitar documentación sobre contratos que el Consistorio firmó con empresas de la trama, contratos que han supuesto un desembolso para las arcas municipales de 237.000 euros. Como ya publicó 20minutos, Alcobendas era uno de los más de 40 ayuntamientos investigados por la UCO en una nueva fase de la Operación Púnica.

García de Vinuesa ha explicado a Europa Press que "en absoluto" teme acabar imputado en el caso porque su Ayuntamiento no está "implicado". Ha explicado que la UCO ha pedido unas "facturas de unos servicios" relativos a contratos con EICO Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, empresas de uno de los principales imputados de la trama, Alejandro de Pedro, relativos a los años 2011 y 2012. "Ha llovido mucho", apostilló. Sin embargo, según ha podido saber 20minutos, fueron cuatro las empresas de la trama que contrataron con Alcobendas y que investiga la Guardia Civil. Los agentes se han personado el despacho de la secretaria del Pleno para recabar la documentación para saber quiénes participaron en estas adjudicaciones y cómo se realizaron.

Eico firmó tres contratos con Alcobendas en los años 2011, 2012 y 2013, por un valor conjunto de 55.000 euros. Madiva también firmó tres contratos en 2012, 2013 y 2014, y el Ayuntamiento emitió 17 facturas por valor de 18.000 euros. La UCO quiere saber qué tipo de trabajos prestaron estas dos empresas, especializadas en mejorar en Internet la reputación y la imagen de los políticos. Los investigadores de la Púnica ya han confirmado que por ejemplo en la Comunidad de Madrid Eico y Madiva hacían el seguimiento de las noticias publicadas en medios digitales sobre algunos consejeros y reproducían en otras páginas creadas ex profeso noticias positivas sobre esos políticos. Por ello han sido imputados los ya exconsejeros Lucía Figar y Salvador Victoria. En el caso de Lucía Figar, las empresas de la trama también cobraban por mantener su blog personal.

La UCO quiere saber si pasó lo mismo en Alcobendas, si Eico cobró por gestionar el blog personal de García de Vinuesa. El blog se anuncia en su cuenta de twitter, pero que ya no está operativo desde hace un tiempo. Alcobendas también contrató con Cofely, la empresa de eficiencia energética que se llevó multimillonarios contratos en los Consistorios de Valdemoro y Parla, también investigados. En este caso solo se trata de un contrato de 105.145 euros firmado en junio de 2012 para la instalación de un nuevo sistema de humectación en un edificio municipal. Otras empresa de la trama, Waiter Music, que la UCO relaciona directamente con Francisco Granados, se llevó en 2011 otro contrato por 59.000 euros para traer grupos musiciales en las fiestas de 2011.

En Alcobendas, el PP se ha quedado a dos concejales de la mayoría absoluta, por lo que necesitaría los tres de Ciudadanos para que García de Vinuesa fuera investido alcalde. Habrá que ver ahora como influyen en los pactos electorales que la Guardia Civil haya señalado directamente en sus investigaciones a Alcobendas. En toda la causa, la Audiencia Nacional ya tiene implicadas a cerca de 100 personas.

Como ya publicó este diario, la UCO está investigando los contratos que más de 40 Ayuntamientos y empresas públicas firmaron con empresas de la trama, y ha puesto la lupa sobre 200 altos cargos y funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones. Entre ellos, seis personas que están en la lista electoral de Cristina Cifuentes y que han sido elegidos diputados tras los resultados electorales del 24-M. Se trata de Juan Soler (Getafe), Antonio González Terol (Boadilla), Pedro Rollán (Torrejón de Ardoz), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), David Pérez (Alcorcón) y Daniel Ortiz (Móstoles).

Tras conocer esta información, la candidata del PP, Cristina Cifuentes, señaló que no le constaba que se estuvieran produciendo estas investigaciones, que constituyen una segunda fase de la Operación Púnica, que centraliza la Audiencia Nacional. Este martes, Cifuentes ya ha reconocido estas "investigaciones" y ha explicado que no deben alterar las negociaciones que se están produciendo con Ciudadanos para que apoye su investidura. Además de Alcobendas, la UCO ha requerido documentación en más Ayuntamientos: Madrid, Valencia, Castellón, en los consistorios valencianos de Denia, Gandía y Elche, y en otros madrileños como Coslada, Collado Villalba, Majadahonda, Valdemoro y Moraleja de Enmedio.