La Policía, por orden del Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, ha consumado este martes el desalojo de un piso propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla (Emvisesa), en el que habitaba con su familia una parada de 40 años identificada como Rosario F.P., quien según la sociedad municipal de vivienda "asaltó por la fuerza" el piso allá por junio de 2013, reclamando su adjudicación con una renta mensual de 40 euros y rechazando supuestamente una vivienda social que posteriormente le habrían ofrecido las autoridades.

Según una información de la Sección de Alquileres de Emvisesa emitida este mismo martes y recogida por Europa Press, Rosario F.P., junto a sus dos hijas que ahora cuentan unos 14 y 20 años de edad, "asaltó por la fuerza y ocupó" la vivienda correspondiente al 2B del portal 2 del número 137 de la calle Medina y Galnares, en San Jerónimo. Corría supuestamente el día 12 de junio de 2013 y se trataba de una vivienda de titularidad municipal.

Tras la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número dos incoó diligencias contra esta mujer, que el 12 de septiembre de 2013 solicitó a Emvisesa la adjudicación de esta vivienda con una renta mensual de 40 euros, extremo denegado por Emvisesa porque "la adjudicación de la misma debe realizarse por el procedimiento legalmente establecido".

La mujer, siempre según Emvisesa, "indicaba que la vivienda había estado vacía desde hacía dos años", contestando la sociedad municipal que como vivienda protegida en régimen de alquiler, este piso tuvo inquilino "hasta diciembre de 2012", seis meses antes de la llegada de Rosario F.P., y estaba siendo "puesta a punto" para una nueva adjudicación.

Emvisesa, en ese sentido, expone que uno de sus inspectores comprobó que la vivienda tenía "enganchadas ilegalmente el agua y la luz", toda vez que un informe posterior de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento habría puesto de relieve que la "unidad familiar está compuesta por la madre, divorciada y en desempleo, de 40 años, y dos hijas de 20 y 14 años de edad", con lo que se trata de "una familia apta para optar a las viviendas sociales municipales que se adjudican por baremo, que no son las que gestiona ni adjudica Emvisesa".

ALTERNATIVAS

Dado el caso, y siempre según la sociedad municipal de la vivienda, se le ofreció "una vivienda de integración social que había quedado vacante unos días antes", pero con "el requisito imprescindible de que entregara las llaves de la vivienda que ilegalmente ocupaba, con el compromiso de solicitar el archivo de las actuaciones judiciales". La aludida, según Emvisesa, "no contestó en ningún momento al ofrecimiento ni se ha personado en las oficinas para contestarlo".

Finalmente, la Policía ha consumado este martes el desalojo de la vivienda merced a la orden "de oficio" del Juzgado de Instrucción número dos, que actuaba a consecuencia de la denuncia de Emvisesa, que de su lado esgrime que al no estar personada en el procedimiento judicial, no ha podido tampoco solicitar la paralización del desalojo. Tras "acatar" Rosario F.P. el desalojo, Emvisesa ha cambiado la cerradura de la vivienda y ha instalado una "puerta antivandalica".