La Guardia Civil ha detectado 61 positivos (casi el 32 por ciento) en los 191 controles de drogas efectuados en Castilla y León en el marco de la campaña especial de vigilancia de consumo de alcohol y sustancias entre conductores puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico entre los días 1 y 7 de junio.

En concreto, durante estos días se han llevado a cabo 28.189 pruebas de alcoholemia, de las que 205, un 0,73 por ciento, han resultado positivas, y 191 de drogas, 61 de las cuales, el 31,94 por ciento, arrojaron resultado positivo, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

En la anterior campaña de la DGT de estas características, desarrollada entre los días 15 y 21 de diciembre de 2014, la Guardia Civil realizó en las carreteras de Castilla y León 23.024 pruebas de alcoholemia, con el resultado de 121, el 0,53 por ciento, positivas; y 141 de drogas, de las que 32, el 22,7 por ciento, resultaron positivas.

Las mismas fuentes han recordado que tras la modificación de la Ley de Seguridad Vial, cuya entrada en vigor se produjo el 9 de mayo, la regulación legal establece, en lo que se refiere a las drogas, la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo del conductor, quedando excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica. Esta infracción administrativa está castigada con una sanción de 1.000 euros y la detracción de seis puntos.

Lo que no cambia es la conducción bajo la influencia de drogas, cuya vía es penal, tal y como se recoge en el artículo 379.2 del Código Penal.

En cuanto al alcohol, se mantiene en 500 euros y la detracción de cuatro a seis puntos la infracción por conducir con tasas de alcohol superiores a las establecidas. Además, serán sancionados con 1.000 euros de multa aquellos conductores reincidentes, es decir, que ya hubieran sido sancionados en el año inmediatamente anterior por el mismo motivo; así como para aquellos conductores que circulen con una tasa que supere el doble de la permitida.

Otro de los preceptos que han entrado en vigor es la obligación que tienen no sólo los conductores, sino todos los usuarios de la vía de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción.