El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado por concluido este martes el sumario del 'caso Couso'. El cámara de Telecinco José Couso fue asesinado en 2003 en el Hotel Palestina de Irak, base de operaciones de la prensa internacional y que fue alcanzado por disparos del Ejército estadounidense.

En un auto de siete páginas, en el que recuerda que el archivo definitivo lo tendrá que llevar a cabo la Sala de lo Penal, el magistrado explica que el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la causa del genocidio en el Tíbet —que confirmó el archivo por unanimidad— establece doctrina a la hora de aplicar la "muy restrictiva" reforma de la justicia universal impulsada por el PP y aprobada el año pasado.

"Todos" los magistrados del Alto tribunal, relata, apoyaron la sentencia, en cuya fundamentación jurídica "se dice (y se reitera) que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento". Como el caso Couso.

Pedraz dice que él mismo consideró que en el caso Couso había que aplicar la IV Convención internacional de Ginebra, dada la "primacía de los tratados y que un tratado no puede ser modificado por una norma interna"; es más, la reforma de la justicia universal deja una puerta abierta a que así sea en su apartado "p", que alude a todos aquellos delitos "cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España".

Pero el mismo juez, teniendo la convicción de que España "sí" es competente en este caso, admite que el Tribunal Supremo es el que determina "cuál ha de ser la interpretación correcta" de la nueva ley española y resalta que su sentencia tiene "verdadera fuerza vinculante" para los jueces y tribunales que estén por debajo de él. Así, según lo dicho por el Tribunal Supremo, España no tiene competencia para perseguir a los procesados por la muerte del periodista.

Ahora bien, lo dicho anteriormente no quita para que, según el juez, con la ley española de justicia universal en la mano —y el aval del Supremo— resulte casi imposible a partir de ahora perseguir crímenes cometidos contra españoles en otros países en conflicto, y esto incluye a periodistas y, por ejemplo, a cooperantes. Ni siquiera se podrá, dice el auto, abrir diligencias para "al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar cómo acontecieron los hechos".

La IV Convención de Ginebra, que se ocupa de la protección de personas civiles en tiempo de guerra, dice en sus artículos 146 y 147 que los países firmantes tienen la "obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer" infracciones graves —como un crimen de guerra, que es el delito que se aplicaría en el presente caso— y deberán "hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad".

El juez Pedraz apunta, sin embargo, que la nueva ley española impide esta búsqueda. Desde el año pasado, los tribunales españoles no pueden perseguir o enjuiciar delitos cometidos en conflictos armados en otros paises salvo que el procedimiento se dirija contra un español, contra un extranjero que resida en España o contra un extranjero que se encontrara en nuestro país. Los militares estadounidenses procesados en el caso Couso no se encuentran en España.

Como no hay competencia para abrir una causa o unas diligencias judiciales en España —sigue el auto—, el resto de países firmantes de la Convención de Ginebra no se pueden dar por enterados de que determinadas personas podrían haber cometido, supuestamente, infracciones graves y, por tanto, tampoco podrán perseguirlas. Una orden de búsqueda internacional solo se puede acordar en un procedimiento, pero si este no puede abrirse, no hay orden posible.

El mismo Ministerio Fiscal, explica el juez, estará atado de manos para pedir que se abran diligencias judiciales para identificar a una víctima española en un conflicto extranjero o pedir que se investiguen los hechos. En el caso Couso, dice el auto, no se puede mantener la búsqueda internacional del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp y no hay manera jurídica de notificar a otros países una búsqueda no existente.

El juez Pedraz es muy claro: "'El flexo no podrá mantenerse encendido': los procesados podrán desplazarse a otros países que hayan suscrito la Convención, e incluso a España, con la seguridad de que no van ser buscados, puesto que en los archivos policiales o de otra índole no va a constar tal búsqueda".

Por último, tras recordar que organismos internacionales como Naciones Unidas instan a perseguir y sancionar este tipo de delitos —el pasado 27 de mayo el Consejo de Seguridad aprobó una resolución sobre la protección a los periodistas en los conflictos armados— y que con la nueva ley española estos delitos, como la muerte de Couso, quedan "impunes", el juez señala que no le corresponde a él suplir al legislador en su tarea y que, por tanto, tiene que cerrar el sumario.

En el acto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del mes pasado, tal y como consta en la web del Ministerio de Exteriores, intervino el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Ignacio Ybáñez Rubio.

Entre otras cosas, "destacó el papel de los periodistas en los conflictos armados donde, en algunos casos, son la única fuente de información veraz" y presentó algunas propuestas sugeridas por representantes de las asociaciones de prensa española, como una referida a "la persecución de los delitos contra los periodistas como crímenes de guerra".

La familia y los allegados del cámara han declarado en un comunicado estar "desolados e indignados", al tiempo que han anunciado que recurrirán el cierre del caso y llegarán, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, informa Europa Press. Uno de los hermanos del fallecido, David, ha dicho que el Gobierno "cambió la ley para proteger a los asesinos" y que la Justicia está atada "de pies y de manos".