Podemos Andalucía ha registrado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz mediante la que reclama a la Cámara que inste al Estado español a ratificar la Carta Social Europea (CSE) revisada de 1996, así como el Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995.

Como expone en la PNL, consultada por Europa Press, esta petición, que presentan al amparo de los artículos 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, atiende una petición expresada por el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba.

Así las cosas, pretende que el Parlamento de Andalucía inste, por el cauce procedimental oportuno y a través de los órganos competentes, a que las Cortes Generales sometan a ratificación ambos tratados internacionales.

Podemos expone que la CSE es el tratado europeo para el reconocimiento y protección de los derechos sociales "por excelencia", que fue adoptado en 1961 como complemento al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) del año 1950 en el seno del Consejo de Europa.

Su efectividad, incide, "depende de su asunción normativa por los Estados que la hayan ratificado y de su sometimiento al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que la interpreta jurídicamente mediante dos mecanismos: el originario y obligatorio de informes; y el facultativo de reclamaciones colectivas".

La referida carta ha sido modificada desde 1961 por un protocolo adicional en 1988, otro de enmienda en 1991, en 1995 se introdujo un mecanismo de reclamaciones colectivas; y finalmente la Carta Social Revisada de 1996 que amplía el catálogo de derechos, incluyendo una cláusula transversal de no discriminación, entre otros derechos como a la protección en caso de despido, a la conciliación de la vida familiar y laboral o el derecho a la vivienda, entre otros.

Haciendo referencia a la Constitución Española, Podemos ve "incomprensible" que el Estado español no ratifique la Carta Social Europea, y se refiere a que, según la Carta Magna, España se constituye en un Estado social, democrático y de derecho, así como que en la cláusula de igualdad material de artículo 9.2 de la CE "reafirma la inequívoca vocación social de nuestro modelo de Estado, al exigir a los poderes públicos remover todos los obstáculos que impidan la efectividad de los derechos fundamentales y sociales de los ciudadanos".

Además, ahonda en que la Constitución dedica una parte programática a los principios rectores de la política social y económica, "que deben guiar la actuación de los poderes públicos".

En este sentido, Podemos explica que la Carta Social Europea de 1961 fue ratificada por España en 1980, "formando parte del núcleo esencial de los tratados internacionales que simbolizaban la incorporación de España de pleno a las democracias occidentales, en Naciones Unidas y el Consejo de Europa".

En concreto, señala que la aceptación de la CSE se verificó mediante el instrumento de ratificación de 29 de abril de 1980, que incluía que "España interpretará y aplicará los artículos 5 y 6 de la CSE en relación con el artículo 31 y el anexo a la Carta, de manera que sus disposiciones sean compatibles con las de los artículos 28, 37, 103.3 y 127 de la Constitución española".

En esta senda "coherente" con la naturaleza social del Estado, las Cortes Generales ratificaron el 24 de enero de 2000 tanto el protocolo adicional de 1988 como el protocolo de enmienda de 1991 de la CSE. Sin embargo, tal y como apunta Podemos en la PNL, "de manera incomprensible e injustificable, no aceptó el protocolo de reclamaciones colectivas de 1995".

Y es que, añade, "aunque el 23 de octubre de 2000 llegó a firmar la Carta Social Europea revisada de 1996, todavía no ha sido ratificada, a pesar de que el texto entró en vigor el 1 de julio de 1999".

Así las cosas, ante "la dolorosa brecha que se está abriendo en el modelo social de los Estados de la UE, con especial crudeza en España y aún con más virulencia en Andalucía", Podemos señala que "cuesta entender la negativa del Estado a ratificar un instrumento internacional que coadyuvaría a garantizar los derechos sociales de la ciudadanía y a profundizar en nuestro modelo territorial".

Más, apunta la formación morada, cuando las comunidades autónomas "han asumido la generalidad de las competencias relativas a estos derechos, y las que han demostrado una mayor sensibilidad hacia la propia Carta Social Europea"

Piedra angular de los derechos sociales

De esta manera, ha señalado el artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recoge que "todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España", entre ellos, la Carta Social Europea.

"No es de recibo que nuestro Estatuto de Autonomía remita a un tratado internacional que no ha sido ratificado en su versión revisada, precisamente la que se compadece en esencia con la declaración de los derechos sociales que tiende a reconocer y proteger", señala Podemos.

Por todo, entiende que igual que reconoció en su momento la Carta Social Europea de 1961, "es necesario y urgente que el Gobierno central inste a las Cortes Generales su ratificación con los nuevos mecanismos que el Consejo de Europa ha añadido a las sucesivas ampliaciones de 1988, 1991 y 1996", de tal forma, que junto a otros textos de derechos fundamentales y sociales, la CSE "se convierta en la piedra angular de interpretación de los derechos sociales, adoptando igualmente el Protocolo de Reclamaciones Colectivas".