Una veintena de expertos critican en un libro la "violación de garantías" de los derechos sociales y laborales en España

Lamentan que el Gobierno retirara el apoyo al II Plan de Derechos Humanos e instan a los nuevos ayuntamientos a aplicar medidas
Protesta contra los desahucios
Protesta contra los desahucios
EUROPA PRESS
Protesta contra los desahucios

Una veintena de profesores universitarios han participado en el libro 'Los Derechos Humanos en España: un balance crítico', una obra de más de 800 páginas que pone de relieve "situaciones de violación de las garantías de derechos a la vivienda, protección de la salud, laborales, ayuda a personas dependientes y reunión y manifestación", al tiempo que propone medidas para evitar su vulneración.

Esta radiografía sobre la sociedad española se presentará este martes a las 19.00 horas en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Se trata de un volumen que recoge los estudios realizados para el frustrado informe sobre el II Plan Nacional de Derechos Humanos, "al que el Gobierno central retiró su apoyo y que ahora publica la Universitat de València y la editorial Tirant lo Blanch", ha informado la institución académica.

La presentación tendrá lugar en el aula magna y ha sido organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDH). Contará con las intervenciones de Fernando Rey, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Valladolid y director del informe; Joana Abrisketa, profesora de la Universidad de Deusto que ha escrito el capítulo sobre educación y cooperación internacional; Angeles Solanes, profesora de la Universitat de València y autora del informe sobre inmigrantes, refugiados y educación en derechos; y Javier de Lucas, catedrático de filosofía del derecho y autor del prólogo de esta obra, en la que han participado una veintena de profesores universitarios.

Los autores hacen un análisis crítico pormenorizado de los distintos bloques de derechos: civiles, políticos, sociales, igualdad hombres-mujeres y grupos sociales específicos, como mayores, niños, discapacitados, inmigrantes y refugiados.

El profesor De Lucas ha detallado, en declaraciones a Europa Press, que el informe advierte de una serie de "deficiencias de derechos sociales" en nuestro país, entre los que ha enumerado la "falta de sostenibilidad de los programas de ayuda a las personas dependientes, particularmente a los mayores pero también a la infancia; la negación del derecho a la vivienda, cuya expresión más clara es el desahucio, y las carencias en la protección a la salud y el recorte de derechos de los trabajadores a raíz de la reforma laboral".

Los especialistas avisan, igualmente, de los efectos que puede tener la conocida como "ley mordaza" en los derechos de reunión y manifestación o "la ausencia de una respuesta mínima a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Se trata —ha proseguido el catedrático— de un análisis muy detallado que no alababa la acción del Gobierno; el problema del informe es que, pese a estar realizado por un grupo de investigación amplio y plural en su orientación ideológica y procedencia, no era laudatorio y señalaba un buen numero de deficiencias y alguna propuesta que la presidencia del Ejecutivo no estaba dispuesta a aceptar".

Además de apuntar los problemas, el trabajo recoge diversas sugerencias en cada uno de los ámbitos analizados. "No hacía falta que el Gobierno adoptara medidas como las que están anunciando Manuel Carmena, en Madrid, o Ada Colau, en Barcelona, pero hay iniciativas que han lanzado muchas organizaciones, como el Consejo de Europa, Defensor del Pueblo, Cáritas, la judicatura o el Colegio de Notarios, entre otros", ha subrayado Javier de Lucas.

Servicios municipales

Preguntado por si cree que las recomendaciones que se recopilan en la obra pueden servir a los renovados gobiernos locales y autonómicos, el profesor universitario ha comentado que ya "en este primera constitución de ayuntamientos que se producirá a partir del jueves, los consistorios pueden adoptar medidas en los servicios sociales de carácter municipal".

No obstante, ha reconocido que muchas de las reformas corresponden al ámbito legislativo, que necesitarían de la constitución de unas nuevas Cortes Generales y Ejecutivo.

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