Tribunales.- Otros dos investigados por los cursos de formación del SAE, citados este martes

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene previsto tomar declaración la próxima semana, en concreto el martes, a otros dos investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene previsto tomar declaración la próxima semana, en concreto el martes, a otros dos investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'.

Según han asegurado fuentes judiciales, se trataría de dos personas, un hombre y una mujer, relacionadas con una de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010.

Ya han comparecido 19 personas relacionadas con seis empresas que impartieron soldadura, auxiliar de protésico dental, peluquería, administrativo comercial, cocina y servicio de bar. En este caso, se trataría de un curso de viverista y en el expediente, según los investigadores, no figuran nombres de alumnos ni profesores.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.

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