((Atención abonados, esta información corrige la anterior por un error en el titular, ya que donde ponía director general de Industria es de Medio Ambiente. Y también por un error en el cuarto párrafo, ya subsanado. Disculpen las molestias))). Ya corregida, queda así:

Director de Medio Ambiente: servicios jurídicos dijeron que Copsesa no tenía que tramitar autorización ambiental

Ecologistas en Acción cree que Redondo está intentando "escurrir el bulto"

El director general de Medio Ambiente en funciones, David Redondo, ha apuntado que los servicios jurídicos de la Consejería fueron los que dijeron que la planta de aglomerado asfáltico y hormigón de Copsesa, en Igollo de Camargo, "no tenía que tramitar" una autorización ambiental porque "no estaba erigida en suelo rústico de especial protección sino en suelo rústico de protección ordinaria".

A pesar de que este "parecer" de los servicios jurídicos suponía un "cambio sustancial" de las directrices seguidas por la Dirección General en los últimos 20 años, ha indicado que decidió analizar la situación y realizar reuniones con funcionarios, técnicos y jurídicos antes de responder a los requerimientos de Industria sobre el recurso presentado por la empresa contra la orden de cierre.

Durante su declaración este viernes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, a la que ha tenido acceso Europa Press, Redondo ha reconocido que esas reuniones para dar una respuesta se retrasaron más de un mes porque "la mayor parte de los funcionarios, técnicos y jurídicos se encontraban de vacaciones", lo que impidió que la Dirección General de Industria no obtuviese la respuesta en el plazo legal establecido —es de un mes—.

Precisamente por eso es por lo que el director general de Medio Ambiente en funciones está imputado por supuesta prevaricación administrativa omisiva o, alternativamente, un posible delito contra el medio ambiente por la planta de aglomerado asfáltico de la empresa Copsesa, en Igollo de Camargo, caso en el que también está imputado el dueño de la constructora y alcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio.

Estas imputaciones se produjeron a raíz de las denuncias realizadas por los vecinos, la Plataforma Aire Limpio y Transparencia y Ecologistas en Acción Cantabria, y que propició que en julio de 2014 se acordara la suspensión de la actividad en la planta que Copsesa adquirió a Emilio Bolado por carecer de autorización ambiental.

No había "grave riesgo" ambiental

Además de explicar por qué no se tramitó esa autorización o no se respondió a tiempo a Industria, Redondo ha indicado este viernes que, en ningún momento, se vio "grave riesgo de daño ambiental" en la planta en la que, antes de noviembre de 2013 cuando se produjo el cambio de titularidad de Emilio Bolado a Copsesa, "se había controlado la calidad del aire" que era "correcta" y los niveles de inmisión "estaba muy por debajo del umbral máximo que señala la legislación".

Pero también ha asegurado, y ha aportado documentación al respecto en la vista de sus declaración, que en abril y mayo de 2014, antes de cierre, se realizaron mediciones y éstas volvieron a "arrojar valores menores al límite máximo". En este punto, ha destacado que, además, tanto para Emilio Bolado primero como para Copsesa después, "se habían establecido dos mediciones de inmisión anuales cuando la obligación es una".

Asimismo, ha ensalzado que el control ambiental sobre esta planta era tal que además, "en el foco de emisión potencialmente más contaminante —el tambor secador—, se había autorizado un límite de partículas de 50 cuando el último límite conocido y publicado era de 500".

El director general en funciones ha tenido que aclarar también si se habían producido cambios o no en la planta de aglomerado asfáltico cuando era propiedad de Emilio Bolado, como le informó el Ayuntamiento de Camargo. Unas modificaciones que, ha reconocido, obligaban a la empresa a "realizar una evaluación de impacto ambiental" de la planta para "tramitar una nueva licencia de actividad ante el Consistorio", lo que llevó a la paralización.

"El problema fundamental era si era preciso o no tramitar la autorización" y, para ello, eran precisas más reuniones, ha señalado el director general que, ha enfatizado que "ahora tiene claro que las plantas asfálticas no exigen esta tramitación" porque esa exigencia se eliminó con la Ley 21/2013 de la legislación básica del Estado en esa materia.

No obstante, ha explicado que esa tramitación sí se tendría que haber llevado a cabo "sólo si hubiera habido modificaciones" en la planta —asunto sobre el que se tiene que pronunciar el juzgado de lo contencioso-administrativo— pero "no se sabía" con exactitud porque "había informes contradictorios en relación a la real existencia de esas modificaciones" y, aunque no contaba ningún daño ambiental, se procedió a la paralización inicial de la fábrica "por prudencia".

Ecologistas creen que "escurre el bulto"

Tras la declaración de Redondo en la que han estado presentes las acusaciones y la defensa, Ecologistas en Acción ha considerado en un comunicado que las palabras del director general muestran que está intentando "escurrir el bulto, defendiendo el cambio de criterio en la exigencia de autorización ambiental de las plantas de aglomerado asfáltico en Cantabria".

"Hasta el caso de la planta de aglomerado asfáltico de Copsesa, en los 20 años anteriores se les había exigido evaluación de impacto ambiental", han asegurado los ecologistas, que han criticado que el cambio de criterio no está "nada justificado" y ha avanzado que éste también se está valorando judicialmente en otro contencioso administrativo sobre el caso Copsesa.

Sobre las explicaciones del director general de Medio Ambiente sobre la no emisión a tiempo del informe requerido por Industria, Ecologistas en Acción ha denunciado que "este retraso en la emisión del informe preceptivo permitió utilizar una argucia legal a Copsesa para reanudar su actividad industrial cuando tenía orden expresa de paralización de la actividad en las plantas de aglomerado asfáltico y de hormigón".