Miles de valencianos en situación de exclusión severa no reciben ningún tipo de ayuda pública. En concreto, de las 760.000 personas que están en esta situación según el último informe Foessa (un 15,3% de la población de la Comunitat), solo 15.127 (un 1,9%) cobraron el año pasado la Renta Garantizada que abona la Generalitat Valenciana.

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles el director de Cáritas Diocesana de Valencia, Ignacio Grande; el subdirector, Carlos Chova; y la secretaria general de la entidad, Fani Raga, que han presentado la memoria institucional de 2014, con motivo de la celebración del Día de la Caridad-Corpus Christi el próximo domingo.

Según ha explicado Raga, esta situación se traduce en una mayor desigualdad entre las capas más altas y las más bajas de la sociedad y en una cronificación y agravamiento de la situación de pobreza de las personas más necesitadas, tal y como demuestra la última Encuesta de Condiciones de Vida realizada el año pasado, que refleja que un 34,7% de la población valenciana está en riesgo de exclusión, 5,2 puntos por encima de la media nacional y 3 puntos más que en 2013.

Sobre la memoria de actividad de la entidad, Raga ha informado que Càritas atendió el año pasado a 86.649 personas (26.037 menores), un 14% menos que en 2013. Sin embargo, ha descartado que se deba a una mejora de la situación económica: "El grueso del descenso se debe al éxodo de extranjeros al no encontrar trabajo en la Comunitat y a personas que encuentran algún empleo muy precario y que entran y salen de forma intermitente de los programas de ayuda de la entidad".

Del total de personas atendidas, un 54% fueron españolas (un punto más que en 2013) y un 46% inmigrantes (un punto menos que en 2013). Además, el 43% han recibido ayudas durante más de tres años.

Respecto al perfil de los que demandan la ayuda de Cáritas, en general, mujeres solas y parejas jóvenes con hijos, inmigrantes en situación irregular y personas mayores que acogen a sus hijos y nietos.

Cáritas parroquiales destinó el año pasado 4,5 millones de euros a sus diferentes programas de ayuda. De ellos, un 71% se destinaron a atención primaria, es decir, 3,1 millones de euros. Un 56% del total fueron para alimentación, un 30% para vivienda (alquileres, luz, agua, gas o hipoteca) un 5% para educación y un 3% para medicamentos y sanidad. El resto, se dedicaron a muy variadas situaciones.

Ante estos datos la institución propone modificar la Ley de Servicios Sociales, de modo que no sólo contemple una gestión de las prestaciones económica, sino también se centre en "la promoción y el empoderamiento de la población", ha manifestado la secretaria general de Cáritas, quien aboga porque los servicios sociales "dejen de ser gestores" y se conviertan en "animadores".

Cáritas también plantea ampliar la renta mínima para que llegue a todas las familias sin ingresos; establecer cláusulas sociales en la contratación pública para posibilitar la entrada de empresas de economía social; y garantizar "empleo digno", ya que entre un 15 y un 20% de trabajadores son "pobres".

Otra propuesta consiste en establecer un Pacto Social contra la pobreza entre administración y entidades y plataformas del tercer sector para "redistribuir la pobreza y priorizar el gasto social".