El Juzgado de Instrucción 3 de Vera (Almería) ha abierto una investigación para dirimir si pudo existir prevaricación en la aprobación, en mayo de 2014, por parte del Ayuntamiento de Mojácar de una "modificación presupuestaria" con la que se pretendía "gratificar" a los funcionarios municipales "con una subida lineal de 1.000 euros para cada uno de ellos" pese a contar supuestamente con una comunicación de la Subdelegación del Gobierno en la que advertía de su "ilegalidad".

La jueza ha citado a declarar en calidad de testigos al interventor municipal y a un vecino del municipio y marido de la concejal electa de 'Mojácar Positiva se Mueve', Jessica Simpson, quienes deberán comparecer en sede judicial el día 1 de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Las diligencias previas se incoaron precisamente a raíz de una querella criminal interpuesta por Simpson contra la alcaldesa Rosa Mari Cano, quien revalidó la mayoría absoluta en las elecciones de 24 de mayo.

El testigo Oscar Gagliardi ha sido llamado a declarar ya que recurrió esta medida por entender que contravenía la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 y el Real Decreto que regula la retribución de los funcionarios de la Administración Local. Su alegación dio lugar supuestamente a la consulta a la Subdelegación del Gobierno.

En el caso del interventor, figuraría en el expediente un informe en el que propone su aprobación y en el que señala que "efectivamente, tal y como manifiesta el alegante —en alusión a Gagliardi— la aprobación de dicho gasto sería nula de pleno derecho si contraviene las limitaciones del artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo cual no implica la ilegalidad de la modificación de créditos objetivo de la alegación".

Según se recoge en la citada querella, consultada por Europa Press, el acuerdo, que salió adelante con los votos a favor de los concejales en el gobierno del PP y los votos en contra de los ediles de UM10, CEM y MPSM en mayo de 2014, se llevó a pleno para aprobación de forma provisional en marzo con un informe del interventor municipal que informaba favorablemente y que decía que los "gastos no podían demorarse".

Iba acompañado también de una memoria en la que se indicaba que la finalidad "era atender unos gastos" bajo el título de "gratificaciones" si bien en esta "no se concretaba qué tipo, qué trabajos extraordinarios se pretendían realizar, ni quieres eran los destinatarios, ni la forma ni cuantía en la que se abonarían, como tampoco si se harían en atención a los servicios completos realizados o en atención al tiempo trabajado".

La querellante asegura que, en ese primer pleno, Cano aseguró que "con esos gastos extraordinarios se trataba de recompensar el trabajo realizado a presión por parte de los funcionarios municipales, razón por la cual se había acordado concederles una subida lineal de 1.000 euros para cada uno de ellos".

Ya en el pleno de 16 de mayo, y tras el debate de los grupos políticos "en los que se acusaba a la alcaldesa de haber intentado aprobar la modificación presupuestaria por motivos electoralistas" y de que se "reconociese la ilegalidad del acuerdo", este fue aprobado con mayoría absoluta del PP.

Mojácar Positiva Se Mueve (MPSM) sostiene que se hizo "de manera sorprendente, con pleno conocimiento de su ilegalidad y con el pretexto de que, pese a estar autorizado, los pagos no se iban a realizar" y remarca que, "sin perjuicio de que se hayan realizado o no los pagos, una cuestión que habrá de analizar a tenor de la contabilidad e informes que se remitan al juzgado", el acuerdo "no se podía haber adoptado porque posibilita un gasto que está prohibido por la ley".

Comunicación de subdelegación

Ambos testigos estaban citados el pasado 21 de mayo aunque el juzgado acordó aplazar las declaraciones a la espera de que se incorporase a la causa diversa documentación requerida al Ayuntamiento de Mojácar, al que daba diez días para que cumplimentase la petición y de la que se ha dado traslado a las partes personadas mediante diligencia de ordenación.

Entre la documentación aportada la pasada semana figura, según las mismas fuentes, el citado correo electrónico remitido por la Subdelegación del Gobierno central en el que se indicaría que las "pretendidas gratificaciones forman parte de la masa salarial y, por tanto, serían ilegales" y al que la alcaldesa electa de Mojácar, Rosa Mari Cano, habría hecho alusión en la sesión de pleno, según consta en el acta.

En concreto, en el acta de pleno de 16 de mayo de 2014 se hace constar "textualmente" que "se desestiman las alegaciones" efectuadas en el recurso "pero que no se pagarían las gratificaciones por el tema de la masa salarial y, como ha contestado la Subdelegación del Gobierno, ante la poca regulación existente".