Un grupo de orientadores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han pedido vía requerimiento notarial su readmisión en sus puestos de trabajo en el SAE en el plazo de 48 horas y el pago, en el plazo de 72 horas, de los salarios dejados de percibir desde 2013, después de que hayan sido dictadas sentencias de nulidad a favor de dichos orientadores.

Según el requerimiento notarial efectuado por el notario de Sevilla Pablo Gutierrez-Alviz y Conradi, consultado por Europa Press, el requirente es el abogado Fernando de Pablo, en representación de 12 orientadores de empleo que poseen sentencias de nulidad dictadas por los tribunales.

Estos orientadores consideran que el no cumplimiento de las sentencias de nulidad recaídas a favor de los orientadores de empleo "pueden ser constitutivas de posibles delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores y libertad sindical, e igualmente podría constituir un posible desacato".

El requerimiento notarial va dirigido a María Luz Fernández Sacristán, secretaria general del SAE, a la que se le recuerda que "tiene constancia y conocimiento expreso y directo de las distintas sentencias de los tribunales de Justicia de lo Social que, en sus distintos ámbitos, esto es, juzgados de Instancia, Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Tribunal Supremo, por las que se están produciendo declaraciones de nulidad, con obligación de inmediata readmisión a los puestos de trabajo de las personas que han obtenido esas sentencias en las condiciones que tenían antes, así como al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de los despidos, 1 de enero de 2013 hasta el día de la notificación de la sentencia".

Han indicado que actualmente "a pesar de la existencia de sentencias de declaración de despidos nulos con grado de firmeza declarado y, en su caso instada la ejecución de las mismas, tanto en el orden de readmisión como del pago de los salarios de tramitación, se ha producido un silencio y una falta de acción en el cumplimiento de las sentencias".

Por ello, "con anterioridad a la presentación de las correspondientes acciones penales" contra la secretaria general del SAE, por considerarla "responsable del no cumplimiento de las sentencias y ordenes de los Tribunales de Justicia del Orden de lo Social", han remitido dicho requerimiento.

En dicho requerimiento piden que "en el improrrogable plazo de 48 horas de la entrega de este requerimiento, dicte las correspondientes órdenes y efectúe las gestiones a fin de que se proceda de forma inmediata a la reincorporación de las personas con sentencias favorables de nulidad con grado de firmeza, a sus puestos de trabajo en los distintos servicios y oficinas del SAE donde prestaban sus servicios, tal como se ordena en las sentencias".

Asimismo, en el requerimiento estos orientadores piden que "en el plazo de 72 horas se den las órdenes para que se produzca el efectivo abono de los salarios dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de notificación de la sentencia de cada uno de los afectados, con el incremento que por ley procede".