Tras su debate y aprobación la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se mostró 'satisfecha' con el resultado de la tramitación parlamentaria y el amplio apoyo recibido.

'Es una ley con la que vamos a intentar que no se produzcan deslealtades en la competencia legítima del mercado, ni con los editores, ni con los derechos de autor, ni con los libreros', aseguró la ministra.

La nueva ley, que entrará en vigor la próxima campaña escolar, recibió el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque alguna formación manifestó su preocupación por determinados aspectos concretos.

Este es el caso de la coalición IU-ICV, que rechazó la norma principalmente por una razón: la exclusión de los libros de texto del obligado precio fijo. Mientras la norma establece un precio único para los libros, prevé a su vez la liberalización del precio de los libros de texto.

Carme García, diputada de IU-ICV, tildó de 'inadmisible' una ley que no incorpora al precio fijo lo que consideró uno de los productos de compra obligada para las familias. Las consecuencias 'las pagarán también las librerías y las editoriales pequeñas, que se pueden estar jugando la supervivencia', concluyó García.

La cuestión del precio fijo suscitó también la crítica de Esquerra Republicana, aunque por cuestiones competenciales. Los republicanos defendían la inclusión de un precio fijo, pero establecido por las Comunidades Autónomas con competencias suficientes.

Una de las principales novedades de la norma es la incorporación de un canon de 0,20 euros al préstamo bibliotecario, sobre el que la ministra de Cultura dijo que 'se ha hecho mucha demagogia'.

Se incorpora en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España a pagar 300.000 euros diarios por no haber incorporado este canon en sus bibliotecas como marcaba un dictamen europeo de 1992.

El pago de este canon no afectará al usuario de la biblioteca. El Ministerio de Cultura y las administraciones de las Comunidades Autónomas serán las encargadas de abonar este pago. Se evita así el pago por parte de los ayuntamientos locales, opción que podría haber obligado a los ciudadanos.

Cuando entre en vigor, entre otras cosas, las administraciones estarán obligadas por ley a fomentar la lectura con diversas campañas, además de promover la obra de escritores españoles en el exterior.

/Por Edgar Aribau/