El Tribunal de Cuentas ha embargado parte del sueldo al ex director general de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Daniel Rivera para hacer frente a la fianza de 3,2 millones de euros que le impuso en el caso de los ERE.

En una providencia, el Tribunal de Cuentas recuerda que el 24 de febrero de este año se le requirió a Rivera para que reintegrase, depositase o afianzase los 3,2 millones de euros, de los que tres millones son la cantidad principal y el resto los intereses.

Como no atendió al requerimiento, el Tribunal de Cuentas ha dictado una providencia en la que acuerda el embargo de "bienes y derechos" del ex director general.

Por el ello, el Tribunal de Cuentas acuerda el embargo del sueldo en el porcentaje que corresponda, que no puede exceder del salario mínimo interprofesional, precisa la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otro lado, la jueza Mercedes Alaya ha solicitado una de las dos comisiones de servicio previstas en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, y lo ha hecho insistiendo en seguir con las tres macrocausas relativas a la gestión de la Junta de Andalucía en los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas.

Alaya ha hecho esa petición después de que el Consejo General del Poder Judicial aprobara que los dos nuevos magistrados de las dos comisiones "colaborarán" en todos los asuntos con la nueva titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que tomará posesión de su plaza en junio próximo.

Fuentes judiciales han confirmado que Alaya ha remitido la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que debe emitir una propuesta con todas las peticiones que reciba al Consejo General del Poder Judicial, institución que en última instancia es la que debe designar a los jueces que ocupen las dos comisiones de servicio, lo que podría decidir en junio.