El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha fijado fianzas multimillonarias para 28 de los 43 imputados en el caso 'La Loma', vinculado a la corrupción urbanística, y para el Ayuntamiento, al que ha denegado la condición de perjudicado y al que solicita 53 millones de euros como responsable civil subsidiario.

En esta causa, que se juzgará en la Audiencia Provincial, están imputados 13 promotores, diez funcionarios y técnicos municipales y 23 políticos, por delitos de prevaricación urbanística y administrativa, ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, estafa, infidelidad en la custodia de documentos públicos y desobediencia a la autoridad.

Tras la reciente confirmación de la instrucción por parte de la Audiencia Provincial, que provocó la dimisión de los candidatos del PSOE a las Alcaldías de Castro Urdiales, Daniel Rivas, y Laredo, Juan Ramón López Revuelta, Acayro Sánchez ha dictado con fecha 26 de mayo el auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, y en el que reitera la existencia de "múltiples indicios" de delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades.

"Todos ellos en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades" en el desarrollo urbanístico de la zona conocida como "La Loma", señala el auto, recogido por Europa Press. Irregularidades que habrían provocado un perjuicio al patrimonio municipal de unos 9,4 millones de euros, y el enriquecimiento ilícito de algunos de los imputados.

Anulación sistemática de los controles

El juez considera que el desarrollo de La Loma ha sido gestionado "a criterio y voluntad de los responsables municipales, técnicos y promotores, mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de la legalidad urbanística, así como de la manipulación de los expedientes que ha lucrado a los mismos, al tiempo que ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio municipal, a la Administración del Estado, a la Junta Vecinal de Santullán y a los particulares que han adquirido viviendas viciadas de graves ilegalidades urbanísticas".

Así, señala que los planes parciales se aprobaron "con indiciario conocimiento de su ilegalidad", ya que tenían hasta siete informes negativos de la CROTU y las estimaciones de impacto ambiental se obtuvieron de forma "fraudulenta" al "simular la existencia de infraestructuras que no eran tales".

El auto añade que se aprobaron los proyectos de urbanización y se concedieron todas las licencias pese a que hasta en 19 ocasiones los servicios técnicos y jurídicos pusieron de manifiesto la falta de infraestructuras básicas; hasta en 17 comisiones y tres plenos los imputados han tenido "conocimiento directo de la ilegalidad que estaban cometiendo"; y hasta en 19 ocasiones se han presentado denuncias por parte de particulares sobre ilegalidades urbanísticas.

FIANZAS

De los 28 imputados para los que se fija fianza, nueve son exconcejales, siete funcionarios y técnicos municipales y 12 promotores. Las fianzas de mayor cuantía son las fijadas para los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, a los que el juez instructor pide 52,6 millones por un delito de prevaricación urbanística, como responsables civiles solidarios junto a autoridades y funcionarios.

La misma cantidad pide el magistrado para el exsecretario del Ayuntamiento, para el autor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y para una técnico municipal, por prevaricación urbanística en los dos primeros casos en grado de cooperación necesaria.

Acayro Sánchez solicita otros 30 millones de fianza a los exconcejales José Miguel Rodríguez López 'KyK', Jaime Díaz Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Salvador Hierro, también por el delito de prevaricación urbanística.

Entre los 12 promotores a los que el juez pide fianza figura el hasta ahora portavoz municipal del PSOE, José Ramón López Revuelta, que en cumplimiento del código ético de su partido dimitió como candidato a la Alcaldía de Laredo cuando se confirmó su imputación, y al que el magistrado solicita 11 millones de euros por estafa continuada en la venta de viviendas pese a conocer la situación de ilegalidad en que se encontraban.

DEMOLICIÓN

Además, el juez fija otra fianza de 500.000 euros para los gastos de la eventual demolición de las viviendas construidas en la zona de servidumbre de la autovía y del futuro vial autonómico, demolición que a su entender es "altamente previsible" porque "todos los contratos han sido resueltos, los compradores han recuperado el dinero y no habita nadie".

A la vez que deniega al Ayuntamiento la condición de perjudicado y le atribuye la de responsable civil subsidiario, el magistrado hace constar la "reserva expresa de la eventual acción de repetición que le corresponda, en su caso, contra los acusados por los perjuicios ocasionados por éstos al Ayuntamiento".

La Unión ejerce la acusación popular en esta causa en la que hay múltiples acusaciones particulares, entre ellas la Junta Vecinal de Santullán y varias entidades bancarias.