CCOO ha valorado la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía pero ha alertado de que ciertos ayuntamientos andaluces "han cometido cierta negligencia y oportunismo y han dado licencias de construcción de manera indebida, de forma que "han sido negligentes y oportunistas al conceder licencias para construir en el 'in-pass' hasta la aprobación de dicho plan".

Fuentes de CCOO han indicado a Europa Press que tras dicha aprobación, el sindicato "se ratifica en lo que viene diciendo", esto es, que se trata de "una medida totalmente necesaria, al ser un instrumento para la planificación del territorio y para proteger el litoral, donde uno de sus atractivos es que lo natural esté bien protegido, que no podemos seguir deteriorando".

Han precisado que "han influido dos cosas negativas" en estos años, puesto que "no ha habido planificación para su protección y hubo una especulación tremenda, de forma que en el 'boom' de la construcción, el más perjudicado ha sido el litoral y sus valores".

"Debemos proteger lo que existe y no seguir destruyendo el litoral, pues si se va destruyendo, se va perdiendo valor y dejaría de ser motor de desarrollo económico si se deteriora", han aseverado.

CCOO considera que "no es correcta" la actitud de los empresarios, y apuntan que los 500 metros de protección "es una distancia razonable", toda vez que en "en esos 500 metros no se puede edificar ni construir viviendas pero sí áreas de espaciamiento que vendrían a completar las infraestructuras". Han agregado que "hay zonas donde incluso serían insuficientes los 500 metros".

No obstante, han alertado de que "el problema es que hay ayuntamientos que han concedido licencias y puede haber derechos otorgados para la construcción de manera indebida, pues han concedido licencias antes de la aprobación en Consejo de Gobierno, se han concedido en ese in-pass".

En ese sentido, lamenta que haya "cierta negligencia y oportunismo, pues se han concedido licencias especulativas para la construcción en ese 'in-pass', de manera que se han podido generar un derecho que estaba condicionado a la aprobación de este plan".

Han recordado que este plan "estaba contemplada en el POTA y los ayuntamientos lo sabían" y han precisado que "muchas de las 3.500 alegaciones presentadas van en ese sentido".