El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Málaga y ha dictaminado favorablemente la resolución del contrato de concesión y obra pública y explotación de la piscina ubicada en avenida Lope de Rueda, en el distrito de Puerto de la Torre.

De esta manera, tras recibir luz verde del organismo dependiente de la Junta de Andalucía, el Consistorio ha podido declarar la resolución de dicho contrato para rescatar así la concesión de esta piscina, al incumplir el contratista los plazos de presentación de los proyectos básico y de ejecución, de inicio y terminación de las obras y de apertura y funcionamiento de las instalaciones, según han informado desde el Ayuntamiento.

También se ha acordado incautarse de la garantía definitiva por el incumplimiento del concesionario, dar traslado al Área de Deportes para que adopte las medidas que considere oportunas en aras a la reversión de las instalaciones y materiales objeto de concesión, y proceder a incoar procedimiento dirigido a determinar los daños y perjuicios irrogados a la Administración municipal como consecuencia de la resolución del contrato.

El Consistorio ha requerido al concesionario, la UTE Explotación y Desarrollo de Servicios Deportivos e Incomar Blue, a que proceda al desalojo y entrega de estas instalaciones en el plazo de 15 días. En caso de que no se atienda este requerimiento se procederá al lanzamiento; una resolución notificada ya al adjudicatario.

Una vez que sean devueltas dichas dependencias, el Consistorio las examinará para ver en qué estado se encuentran y seguirá trabajando para ponerlas en servicio, han recalcado desde el Ayuntamiento de Málaga.

El Consistorio tramitó en 2014 un primer expediente para resolver la concesión, ya que la UTE no ajustaba la prestación de la concesión a la legislación vigente, y por no someterse al cumplimiento de las leyes laborales en lo que respecta al personal contratado para la explotación.

En esa ocasión el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía consideró que el impago de 404.957,51 euros de Seguridad Social no constituía incumplimiento esencial de las obligaciones del concesionario.

En cuanto a la deuda contraída por el concesionario y que la Seguridad Social derivó al Consistorio, este aspecto ha sido recurrido judicialmente y dispuso repercutir al adjudicatario el importe abonado por el Ayuntamiento en dicho concepto.